Después de conseguir aprobar los dictámenes de varios proyectos de reforma laboral que durmieron por meses en el Senado, la oposición intentará ahora forzar que algunos se aprueben en el recinto. Aunque esa acción supone una curiosa alianza con Hugo Moyano -muchas de esas iniciativas son autoría de su abogado Héctor Recalde, que en Diputados revista en el bloque kirchnerista-, los radicales, socialistas y algún provincial quieren votar esos proyectos antes de las elecciones. El efecto buscado ya fue reconocido por el radical Gerardo Morales, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, que apuró esos proyectos: aunque sea con un acuerdo con el sindicalismo, no le disgusta que sea la oposición la que apure esos peligrosos temas, contra un gobierno que no quiere complicar, menos ahora, su relación con los empresarios. A ellos Néstor Kirchner prometió el año pasado que ninguna de las ideas laborales del moyanismo llegaría a convertirse en ley. Pero los proyectos, en los hechos, siguen avanzando. El Senado no parece ser ya el límite que Kirchner prometió a los empresarios.
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Volverá, entonces, la semana próxima a negociarse en el Senado la ley que establece el principio de «in dubio pro operario», es decir, aplicación siempre de la ley más beneficiosa al trabajador, ahora también para la interpretación y aplicación de las normas laborales. También la equiparación de la indemnización por cierre de empresas por quiebra a la indemnización por despido sin causa, la presunción de existencia de embarazo en caso de duda en un despido y el programa de información de datos del trabajador en la ANSeS, todos temas que avanzaron en comisión.
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