Hasta última hora de anoche, Aerolíneas Argentinas no confirmó el pago de los sueldos de abril que se había comprometido a concretar hoy, de acuerdo a lo indicado por voceros oficiales de la empresa. Según afirmaron, «todavía la compañía no puede confirmar el pago de los sueldos».
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La crisis de Aerolíneas fue tratada ayer en Madrid en extensas reuniones de la SEPI, la sociedad del gobierno español que controla 85% de la compañía local. Sin embargo, no se comunicaron decisiones ni sobre los salarios ni sobre despidos, ni sobre la marcha a seguir en el conflicto con los gremios. Según trascendidos confiables, la gerencia de recursos humanos de Aerolíneas no cuenta con los fondos para pagar hoy y tampoco está preparando telegramas de despido. Esta situación abre un serio interrogante sobre la estrategia que seguirá el gobierno español en las próximas horas.
Los voceros de la compañía, que reportan directamente a la SEPI, no descartan que hoy la empresa comunique la transferencia de los recursos para pagar los sueldos entre mañana y pasado. Llamativamente tampoco descartan que hoy a primera hora, la sociedad española anuncie en Madrid la decisión de no pagar los salarios bajo la excusa de no haber llegado a un acuerdo con los gremios. Pero la sensación que predomina en el gobierno argentino y en las entidades gremiales, es que la SEPI quiere irse de Aerolíneas y que contrariamente a lo que se suponía, terminaría usando el esquema con que llevó a la quiebra a la venezolana VIASA: forzar o provocar conflictos con los trabajadores para terminar declarando la quiebra.
En el caso argentino, el no pago de los salarios podría generar hoy mismo huelga de algunos de los gremios, lo que volvería a parar a Aerolíneas, que ya desde que terminó el conflicto anterior el 2 de mayo, cuando el gobierno dictó la conciliación obligatoria, mantiene sólo servicios mínimos. Si por el contrario se pagan los salarios, o una parte de ellos, la SEPI podría dar por caída la negociación con los gremios, porque uno de ellos, el de los técnicos, no aceptó el viernes, el arbitraje propuesto por la cartera laboral. Fuentes de la empresa creen que aun cuando la asamblea de los técnicos, prevista para las 16, aceptara el arbitraje, la SEPI no lo admitiría por considerar que «los plazos ya vencieron».
En cualquier caso, parece que los españoles buscan provocar el conflicto gremial, como paso previo a irse de la compañía, y que esto podría ser inminente. Lo llamativo es que aun cuando los gremios aceptaran todas las condiciones impuestas por los españoles (racionalización del personal, reducción de salarios y modificación de los convenios colectivos) el ahorro resultante rondaría los 25 millones de dólares anuales, según consta en el propio plan director presentado como solución a mediados del año pasado.
Pero la pérdida anual de Aerolíneas es de 300 millones de dólares, por lo cual se deduce que la viabilidad de la compañía no depende de los costos salariales. A fines de abril, en pleno conflicto gremial, el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, aseguró ante el Congreso español que no pondrán más dinero en Aerolíneas, y calificó de «escandaloso» lo gastado en sostener la compañía argentina.
El anuncio se está cumpliendo en apariencia en forma estricta, por eso el mantenimiento de servicios mínimos y el reclamo al gobierno argentino para que se haga cargo de los sueldos, con los fondos que prometió capitalizar en octubre pasado en proporción a la tenencia de 5% de las acciones y todavía no integró (alrededor de 23 millones de dólares). Pero aunque el gobierno de Fernando de la Rúa aceptara esa solicitud, lo que en rigor no va a ocurrir, la SEPI seguiría con el mismo problema en los meses sucesivos.
En estas condiciones, el cierre de Aerolíneas podría hoy estar más cerca de lo que se cree, mientras fuentes de la SEPI desmintieron que el presidente De la Rúa haya intentado comunicarse con José María Aznar ayer. Esta prescindencia del gobierno sigue resultando por lo menos asombrosa. Como si creyera que puede salvarse del costo del cierre de Aerolíneas, atribuyéndolo a la intransigencia de un dirigente gremial, como insinuó el viernes la ministra Patricia Bullrich.
El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, también mantuvo hasta ayer, la posición de no involucrarse en el caso, al punto que no resulta creíble que la renuncia pedida al secretario de Transporte, Jorge Kogan, se deba a este tema, como se especuló en algunos sectores. Por ahora no hay reemplazante para Kogan, y el ministro parece apostar a la quiebra de Aerolíneas para volver a adjudicar las rutas, lo que no garantiza la continuidad de los 7.000 empleados que hoy tienen Aerolíneas y Austral.
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