Autopartista Lear suspendió empleados y amenaza con cerrar definitivamente

La autopartista estadounidense Lear suspendió a sus 450 empleados y cerró por quince días la planta en la localidad bonaerense de General Pacheco, luego de advertir que bajaría definitivamente sus persianas si las protestas y reclamos de los operarios despedidos no cesan.

Voceros de la firma dijeron a la prensa que la decisión de suspender la producción por dos semanas fue tomada ante la "imposibilidad de garantizar seguridad" a sus operarios por la sucesión de protestas de trabajadores despedidos frente a la planta.

Agregaron que algunos de los operarios resultaron heridos en las últimas semanas por pedradas arrojadas por sus excompañeros en medio de las manifestaciones, algunas de las cuales fueron reprimidas por fuerzas de seguridad.

Los portavoces dijeron que la compañía, que tiene también una fábrica en el partido bonaerense de Escobar y otra en la provincia de Córdoba, "cerrará de manera definitiva la planta de Tigre si persisten los hechos de violencia en torno al establecimiento".

Silvio Fanti, delegado despedido de la empresa, dijo en diálogo con NA que los operarios fueron comunicados de la decisión de la empresa de suspender a todo el personal, integrado por unos 450 trabajadores, durante dos semanas desde este jueves.

"La empresa le comunicó a los compañeros que quedaban suspendidos durante dos semanas sin darles ninguna explicación", dijo Fanti al ser consultado sobre la decisión de la compañía proveedora de sistemas eléctricos para automotrices.

Según Fanti, la decisión de la empresa ratifica las denuncias de sus trabajadores sobre la sustitución de mano de obra argentina por productos importados desde otras plantas que la compañía tiene en América Latina y Europa.

El delegado gremial indicó que la automotriz Ford, principal cliente de Lear en el país, sigue trabajando normalmente sin suspender a ningún trabajador, por lo que la autopartistas "no tiene excusa para suspender".

"Ayer hablé con compañeros de Ford y me contaron que la automotriz les anunció que desde el mes que viene va a comenzar a producir 570 autos por día, unas 30 unidades más que ahora", indicó Fanti.

El delegado ratificó que los trabajadores de la autopartista volverán este viernes a marchar por el centro porteño en una nueva jornada nacional de lucha en reclamo de la reincorporación de todos los despedidos.

La Comisión Interna gremial cesanteada por la firma convocó a una jornada de protesta que arrancará a las 6:00 de la mañana en la puerta de la fábrica en el kilómetro 31,5 de la Autopista Panamericana y continuará con marchas y cortes de tránsito en varios puntos del país.

El 31 de julio último el ministerio de Trabajo, que conduce Carlos Tomada, fue notificado de la orden judicial que le impuso garantizar el ingreso de los delegados gremiales a la planta en 24 horas.

"Denunciamos que hasta hoy esto se sigue dilatando. El ministerio sólo se limitó a emitir un comunicado donde dice que designó a los funcionarios competentes para llevar adelante las órdenes de reinstalación de los delegados de Lear", dijeron los trabajadores en un comunicado.

Aseguraron, además, que existen doce fallos judiciales que exigen a la cartera laboral verificar el ingreso de los delegados gremiales cesanteados a la planta que la autopartista estadounidense tiene en General Pacheco.

"El ministerio no habla en su comunicado del origen de nuestra lucha y de que quedan todavía decenas y decenas de familias en la calle que fueron despedidas de forma ilegal", dicen los trabajadores.

Se quejaron porque, según afirmaron, el ministerio de Trabajo se limitó a decir que hubo 61 reincorporaciones y 123 trabajadores que "arreglaron" una salida con indemnización.

"La Comisión Interna de Lear pelea y peleará por todos los puestos de trabajo. No puede ser que el Ministerio se enorgullezca de que existan 61 reincorporaciones en una fábrica que despidió en los últimos meses a más de trescientos operarios", sostuvieron los trabajadores.

Afirmaron que los 123 operarios que "arreglaron" una salida "fueron empujados mediante el chantaje a tener que retirarse, ya que la patronal no les pagaba sus salarios y tenían que optar entre no cobrar y no alimentar a sus familias o negociar una indemnización".