5 de diciembre 2001 - 00:00

Blanqueo producirá más desempleados

La restricción a los depósitos y a la salida de capitales se da en un contexto en el cual si bien el país tiene una grave crisis política y económica, también está viviendo la crisis social más aguda de su historia.

Ante todo, el último censo ha confirmado que la Argentina tiene una población económicamente activa de aproximadamente 14 millones de personas.

De ellas, sólo 6 millones son trabajadores registrados o en blanco, de los cuales ya por la crisis están realizando aportes jubilatorios sólo 4 millones.

El resto son trabajadores informales -aproximadamente, 4 millones-, un millón y medio son cuentapropistas; y dos millones y medio, desempleados.

El trabajo en negro ya está superando 42%, a lo que se agrega que muchos de los trabajadores formales o en blanco cobran parte de sus ingresos también en negro.

Las actividades laborales en las cuales hay más trabajadores en negro son el servicio doméstico, donde trabaja más de un millón de personas y aproximadamente 90% está en la informalidad; cerca de otro millón está ocupado en actividades rurales y, de esa cifra, más de 80% está negro; también cerca de un millón trabaja en el comercio, y más de 50% está en negro; en la construcción, trabajan hoy menos de 200.000 personas y, de ellas, más de 60% lo está haciendo en negro.

A ellos se suman trabajadores temporarios de diversas actividades.

La realidad es que sobre los 8 millones de personas que están desempleadas o se mueven en la informalidad, sólo un porcentaje menor será blanqueado en función de las medidas de emergencia adoptadas en los últimos días.

La dura recesión hace que, si un trabajador informal es blanqueado, lo será seguramente a costa de su ingreso; es decir, que el empleador se lo disminuirá para no aumentar sus costos en un momento muy difícil.

Pero por cada trabajador informal que se blanquee, es probable que entre uno y dos de quienes trabajan en la informalidad dejen de recibir sus ingresos.

La falta de efectivo hará que el tercio de la población económicamente activa, que efectivamente puede acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito, disminuirá sustancialmente los ingresos que traslada hacia los trabajadores formales, cuya capacidad de negociación, cuando el desempleo es récord y la caída de la actividad económica muy grande, es virtualmente nula.

En la emergencia, el gobierno ha tratado de evitar el colapso del sistema financiero y de lesionar lo menos posible los derechos de los ahorristas.

Pero lo está haciendo, a costa de una reducción muy fuerte de los ingresos de los sectores más pobres de la sociedad, que en el corto plazo tienen una posibilidad de ser blanqueados, que es más bien teórica, y que, en cambio, enfrentan ahora un mayor riesgo de perder o ver disminuidos sus ingresos.

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