13 de agosto 2004 - 00:00

CIADI: empresa pide que gobierno no filtre datos

El CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, resolverá hoy sobre la medida cautelar que presentó ayer la empresa estadounidense CMS Gas para que no se permita dar información a la prensa sobre el juicio que se inició el lunes en París contra el Estado nacional, debido a los cambios en los contratos de concesión por la Ley de Emergencia Pública.

Por su parte, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que volverá el 20 a Francia para el alegato final, afirmó: «No se permitirá que el CIADI imponga la confidencialidad de las actuaciones, porque los funcionarios tenemos la obligación de transparentar nuestros actos, y porque una medida como la solicitada por CMS es anticonstitucional».

En el juicio expuso ayer el ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, sobre la situación que obligó a la devaluación y a dictar la emergencia pública, que pesificó y congeló las tarifas de los servicios públicos. CMS es accionista minoritario de Transportadora de Gas del Norte.

• Medida cautelar

Ayer, los representantes de la empresa norteamericana interpusieron una medida cautelar «para que no trascienda a la prensa ninguno de los alegatos» que se hagan durante el juicio, ante lo cual la Argentina «interpuso una contramedida, por considerar que, de prosperar el pedido, se estarían contrariando principios constitucionales», explicaron fuentes oficiales.

CMS demanda ante el CIADI la devolución de la inversión que realizó en el país, por unos 260 millones de dólares, al considerarse damnificada por la pesificación de tarifas dispuesta en enero de 2002, bajo el argumento de que la crisis argentina se circunscribió a los disturbios del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. Según su postura, existían otras alternativas, como la dolarización o una nueva convertibilidad, en cambio de las medidas que adoptó el gobierno de Eduardo Duhalde, que afectaron a los contratos con las privatizadas.

Precisamente, Remes Lenicov apuntó a rebatir ese argumento de CMS. Sostuvo que la dolarización o una nueva convertibilidad «hubieran generado 2 millones más de pobres». En tanto, el subsecretario de Combustibles, Christian Folgar, otro de los testigos de la audiencia, explicó el marco regulatorio al que está sujeta la actividad de TGN, que habla de «una tarifa justa y razonable», lo cual «está sobre cualquier interpretación que se haga sobre la dolarización de tarifas».

• Potestad

Folgar recalcó, además, que «la pesificación lleva intrínseca la potestad de renegociación de todos los contratos», discusión que, según dijo, en el caso de TGN está en marcha con el gobierno.

Fuentes oficiales anunciaron, por otra parte, que el ministro Rosatti continuará con la representación del Estado nacional, aunque la tarea habitualmente le corresponde al procurador del Tesoro.

Ayer, Rosatti y el nuevo procurador, Osvaldo Guglielmino, acordaron que será el ministro quien hará el alegato final, que tendrá lugar los días 19 y 20 próximos en la capital francesa.

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