Correo: gobierno dice que no renegocia canon

El gobierno, a través de una alta fuente del Ministerio de Infraestructura, dijo ayer que «hay un proyecto de decreto de conciliación de deudas con el Correo Argentino, elaborado por esta dependencia, que está en este momento bajo análisis en otros organismo oficiales». La misma fuente aseguró que «no se va a renegociar el canon», y que «en caso de no llegarse a un acuerdo con el concesionario se va a proceder a la rescisión en acuerdo mutuo, o bien de manera unilateral». También indicó que «lo que no se va a permitir es que continúe una situación que perjudica al Estado, a los usuarios y al propio Correo Argentino».

El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, negocia desde mayo con el Correo Argentino una revisión del contrato de concesión, al tiempo que analiza casi desde la misma fecha un nuevo marco regulatorio para la actividad postal que dé respuesta, aunque sea en parte, a los planteos del grupo Macri sobre la competencia que se considera desleal de los otros prestadores postales.

No obstante, la renegociación no resulta sencilla y de hecho se vio tensionada en las últimas semanas cuando Franco Macri salió junto con los gremios a reclamarle al Estado una deuda por 97 millones de pesos, y dijo que por ese monto impago, la empresa no estaba en condiciones de pagar los salarios. Días después, el Correo abonó 50% de los sueldos, y la semana pasada otro 25%.

Primer paso

El proyecto de decreto, que ya está muy avanzado, implicaría como primer paso el pago de 34 millones de pesos por parte del Estado nacional, siendo que el resto de los 97 millones reclamados por facturas impagas corresponden a provincias y municipios. Pero, según la alta fuente del Ministerio que encabeza Bastos, también se le exigiría al Correo 201,96 millones de pesos que adeuda por canones impagos al Estado y la nueva cuota por 51,6 millones, que vence dentro de dos semanas.

Este será el nudo más complicado de descomprimir porque para no pagar el canon el Correo alude a distintos factores que significarían «incumplimientos del contrato por parte del Estado». El cálculo incluye 296 millones por «asimetría laboral» con las empresas competidoras, 100 millones por no haberse respetado la exclusividad de emitir estampillas, 300 millones por no haberse cumplido la exclusividad en el segmento de las comunicaciones fehacientes, y hasta una suma por lucro cesante debido al «caos en el mercado telepostal», por la actuación de prestadores que no están registrados y no pagan impuestos.

De esos reclamos, ya una comisión que analizó el tema entre abril y agosto del año pasado y en la que también estaba la empresa, parte fueron rechazados y otros estimados en cifras inferiores a las del Correo, por lo cual éste terminó presentándose en la Justicia en noviembre pasado.

Reclamos acumulados

El extenso tiempo que el gobierno se tomó, por lo menos hasta ahora, para llegar a una decisión acerca de esta concesión (al igual que con Aeropuertos Argentina 2000) termina jugándole en contra por la acumulación de reclamos y de presiones, y porque de hecho desalienta a posibles interesados por ingresar como socios o comprarle las acciones a Macri como el correo francés y el alemán.

Ayer, el vicepresidente del grupo SOCMA, Jorge Aguado, fijó la posición del Correo y voceros de la empresa afirmaron que una rescisión del contrato podría dar lugar a una acción judicial por un monto de 2.000 millones de pesos.

Según dijo Aguado, «la concesión establece que una de las causales de rescisión del contrato podría ser el no pago del canon, pero esto es una cosa que debe discutirse complementariamente, debido a una serie de incumplimientos que el Estado nacional ha tenido con el concesionario».

El empresario reclamó por la «falta de ordenamiento» del sistema postal argentino, y en ese sentido, señaló que «la semana pasada, hemos visto en el Boletín Oficial, un resolución del Ministerio de Trabajo que establece que los kioscos pueden recibir y distribuir correspondencia, con lo cual ésta es una de las tantas barbaridades que existen en la Argentina».

Para competir por el correo oficial, que fue privatizado en 1997, Macri se asoció con el Banco de Galicia y el Banco Mundial, y ganó la licitación ofertando un canon de 103,2 millones de pesos anuales, cifra que desde un primer momento se consideró desproporcionada para el negocio adquirido. La empresa estima que este año la facturación será de unos 485 millones de pesos debido a la recesión y a la gran competencia dentro del mercado.