Empresas jaqueadas y desigualdad salarial

Economía

Más allá de la prudencia de un primer mandatario se le nota a Néstor Kirchner carencia de reacción frente a planteos sectoriales si involucran masas capaces de ganar la calle. La consecuencia es que los trabajadores que no desempeñan tareas sobre ruedas y no están afiliados al gremio de «los Moyano» -padre e hijo jugando de contrapunto para el mismo fin- quedan en desventaja. A su vez, las empresas cada día están más jaqueadas, no sólo por los desmedidos aumentos salariales que se arreglan en la Casa de Gobierno, sino también por un reverdecer de la «industria del juicio» a raíz de los fallos laborales continuos y proyectos alarmantes contra el sector capital-productivo. Se cree que la permanente acción antiempresa de los jueces es ya una forma de volcar el enojo de los magistrados por la acción del gobierno de haber reformado el Consejo de la Magistratura y poner al grueso de los miembros de la Justicia bajo su poder discrecional. Entre fallos y proyectos hay 12 que han conmovido a las empresas. La consecuencia es un país donde se incrementa la desigualdad social porque no todos los sectores laborales tienen el mismo poder de huelga y no todas las empresas una demanda tan sólida dirigida a sus productos para compensarse con elevaciones de precios frente a aumentos salariales exacerbados. Se ahuyenta inversiones, no hay posibilidad de crear más empleo futuro que no sea desde el gobierno vía gasto público y todo tiene como marco el riesgo de una inflación alta.

Los empresarios en privado -distintos a los «empresarios en público»- empiezan a creer que a los males que los acechan en esta época, se suma al sindicalismo un deliberado accionar antiempresario de los jueces, especialmente los laborales, para mostrar su descontento con el gobierno de Néstor Kirchner bajo cuya égida política pasaron tras la reforma del Consejo de la Magistratura. Concretamente, no creen que sea casualidad toda la abrumadora jurisprudencia laboral que se está creando últimamente sobre los costos de las empresas agregado a lo que impulsan «Los Moyano», el sindicalista Hugo y su hijo Pablo. El tercer elemento del trípode negativo para producir son los proyectos que agrega un gobierno actual indocto que imagina que para distribuir mejor la riqueza (una deuda pendiente en la Argentina, sin duda), no necesita incrementársela primero, sino que debe hacerse desangrando empresas, que así se enanizan.

Son desalentadas a ampliarse, dar más empleo y demasiadas terminan vendiéndose a extranjeros como derivación inevitable de sus compromisos.

Costos de producción acrecentados, en definitiva, significan más inflación, menos inversión por más riesgo empresario y más actuación del Estado para fomentar empleo. Los subsidios oficiales obligan a la AFIP a inventar formas y normas impositivas nuevas -más allá de su obligación de recaudar y educarespecialmente sobre contribuyentes que normalmente pagan. Si lo hace sobre 46,1% de las pequeñas empresas que operan en negro -último dato oficial de empleo ilegal- provocarían desempleo. Miniempresas con menos de 40 trabajadores producen 75% del empleo en la Argentina. Jueces laborales, sindicalismo exacerbado, gobierno sin visión de futuro y AFIP frangollera son los cuatro jinetes del apocalipsis de la estrategia socioeconómica kirchneriana.

El empresario está en medio de «la venganza de los jueces» contra el gobierno que sin pensar mucho las consecuencias -algo muy habitual en el elenco de la Casa Rosada- dispuso mandar sobre la designación, renovación o permanencia de magistrados. Impedidos de volcar su rencor en paros los jueces estarían castigando laboralmente empresas porque saben que complicando a éstas lo pueden molestar al gobierno. Con más inflación inducida, por ejemplo. Sería un juego sutil el de los magistrados, analiza Néstor Kirchner.

Hay otra variante del malestar de los estrados: casi todos los juicios la AFIP los pierde. Le elevaron en el Chaco el mínimo no imponible hasta que terminó subiéndolo el propio gobierno. Un juez desconoció la prohibición de exportar carne. Los jueces es raro se vayan a atrever a desafiar al gobierno liberándole militares hoy detenidos pero ¿qué les pueden decir si emiten los más insólitos fallos laborales contra las empresas, si el kirchnerismo siempre las ataca?

  • Logro

    Este presidente Néstor Kirchner tiene un logro: en casi tres años de presidir el país no tuvo una sola huelga general de la CGT. Raúl Alfonsín en los '80 tuvo 13, una cada 6 meses; en cambio Carlos Menem, gobernando más de 10 años, una cada 24 meses y es el que más se acerca al logro de Kirchner. Por venta de las obsoletas y desaprovechadas empresas públicas el riojano o porque los chinos comen más el santacruceño (sólo en 2005 compraron 51% más que en 2004), no son las estrategias inteligentes sino las «cajas públicas» temporariamente abundantes las que calman al grueso de la sociedad argentina, vía dádivas y subsidios a costa del constante crecimiento del gasto público, un mal éste común a Kirchner y a Menem aun con ideologías opuestas.

    Fernando de la Rúa cada 3 meses, en sólo dos años de gestión, y el presidente designado y no votado Eduardo Duhalde una cada 5 meses también tuvieron sus huelgas generales, según datos difundidos por el analista Rosendo Fraga. Claro, Duhalde y De la Rúa no tuvieron « cajas» exuberantes para repartir subsidios. Duhalde creó los Planes Jefas y Jefes de Hogar e igual cada 150 días tuvo su paro general.

    Puede llamarse al de Kirchner éxito en evitar huelgas generales, pero asentado en decenas de subsidios directos e indirectos que calman ahora pero sacrificando generaciones futuras de argentinos que aún no nacieron o son niños para reclamar un uso más racional de los caudalosos fondos de este período de auge. No se prevé el futuro y no se protege de presiones, trabajos a reglamento, «camionazos» frente a locales, parcialidad de los jueces laborales, amenazas y del consiguiente empobrecimiento a empresas en el presente. No se invierte en financiar el descubrir nuevas fuentes energéticas, en gestar industrias eficientes y competitivas, en reducir la burocracia estatal, en volver al alto nivel de moderna tecnología industrial que teníamos hace apenas un lustro, perfeccionar la educación a la par, por lo menos, de mejorar sueldos docentes, en ampliar el stock ganadero, en cuidar los mercados de exportación. Se gasta en encaminar microobras públicas necesarias, sí, pero más para efecto político y no en macroemprendimientos con proyección de futuro. Ni siquiera se invierte en terminar Yacyretá y Atucha II.

    Evitó ahora al gobierno las pasadas «huelgas generales» -acompañadas con clavos «miguelito», algún petardo en vías férreas y siempre un colectivo quemado para «crear clima»-. Para eso le ha dado al sindicalismo más que cualquier otro gobierno en los últimos 60 años, desde el primer peronismo en 1946 y más, inclusive, que la Ley de Obras Sociales con el gobierno de facto del general Agustín Lanusse en 1970.

  • Inexperiencia

    Pero se nota que el presidente Kirchner no ha tenido experiencias de Nación. No toma en cuenta que no se puede conformar a todos los sindicatos como a los pocos petroleros de Santa Cruz, porque casi todos los restantes allí son empleados públicos con continuos aumentos salariales. No conoce que casi ningún gremialista tiene prestigio por valiente o sacrificado sino por lo que logra, para lo cual lo dejan enriquecerse y perpetuarse en el cargo pero sabiéndolo corrupto.

    Esos sindicalistas han obtenido en 3 años de Kirchner cantidad enorme de ventajas en contra de las empresas al extremo de que se torna hoy insobrellevable el costo de producir en la Argentina, salvo quizá quienes puedan exportar sus productos con un dólar sobrevaluado. El daño empresario es hoy de magnitud y ratifica un nombre, el tan especial de «costo argentino» basado en otra creación nuestra «la industria del juicio». En Brasil se anunció baja de impuestos, estando la vigencia de una legislación laboral no abusiva y le ingresaron casi en el acto 4.000 millones de dólares de inversiones. Los argentinos por los costos altos no podemos competir con ellos ni exportar industria al mundo.

    Recargar tanto a las empresas locales tiene sus consecuencias ineludibles, además de espantar inversiones. Ese 46,1% de trabajo en «negro» no es siempre evasión por picardía deliberada sino también por ser única manera de permanecer en la actividad frente a costos laborales y previsionales tan elevados. Hay 5 millones de personas en condiciones de trabajar que están en desempleo o subempleos. Y, por supuesto, hay alta inflación porque todo mal manejo de la economía y de los fondos públicos más los excesos sindicales y judiciales estallan por algún lado. Recordar aquello de que en Economía se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias...

    Los «acuerdos» para poner tope a los aumentos de precios están basados en que «no varíen las condiciones generales», en definitiva los costos extra empresa. ¿Cómo no va a variar el costo de producir en la Argentina si una vez por semana las empresas reciben un nuevo golpe en encarecimiento, por vía legal, sindical o presidencial para producir? Es así desde proyectos antiempresas del Ministerio de Trabajo -hoy dominado por los sindicalistas- lo mismo la Comisión de Relaciones Laborales de la Cámara de Diputados del Congreso o desde tribunales laborales.

    Las empresas hoy en la Argentina cada día pueden menos la dignidad de trabajar. Ahorran no para invertir o ampliarse sino para resguardarse de juicios que les inician. Hay ejemplos. «Clarín» tiene 900 juicios sólo laborales y hasta armó un estudio para defender las empresas del grupo económico. Roberto Giordano, en definitiva una pyme que logró sobresalir, confiesa que tiene 60 juicios y analiza ir a convocatoria. Realmente lamentable este panorama productivo nacional.
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