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• La canasta básica de estos hogares es de $ 925.
• Un hecho notable es que 33%, a pesar de ser pobre, tiene un empleo registrado. El salario de estas personas es de $ 587 y el ingreso total del hogar, de $ 765.
Para paliar esta situación, el gobierno va a ordenar a las empresas, por decreto, que otorguen un aumento de 50 pesos (en abril serán remunerativos y agregó otros $ 100 no remunerativos desde el 1 de enero no existentes a la fecha de este informe del IDESA pero que agravan la situación que describe). Esto se suma a otros tres decretos que ordenan aumentos por $ 240. Cabría esperar que entre este 33% de trabajadores registrados el decreto de aumento se cumpla ya que son empleos formales.
Sin embargo, la medida es poco efectiva, porque a menor salario menos posibilidades hay de que el trabajador reciba el aumento, y altamente distorsiva, porque interfiere en la política remuneratoria de las empresas y los contratos privados entre empresas y trabajadores. La mejor alternativa para aumentar el salario de los trabajadores registrados es disminuir los impuestos al trabajo entre los trabajadores pobres.
• Mejores resultados
Con solo establecer un mínimo no imponible para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de $ 500 se logra el mismo objetivo con muchos mejores resultados. El trabajador automáticamente recibe un aumento de salario de bolsillo de $ 50 y el empleador, una disminución del costo laboral de $ 68.
Las ventajas del mínimo no imponible son dos. Primero, es de cumplimiento automático porque es una porción de salario que el Estado le está quitando al trabajador pobre. En cambio, a un decreto no hay garantías de que las empresas lo cumplan. Segundo, protege el empleo ya que disminuye el costo laboral. En cambio, el decreto genera aumento del costo laboral e inseguridad jurídica.
• Compensación
¿Cómo compensar el impacto fiscal? El mínimo no imponible se debe complementar con un aumento de la alícuota de contribución patronal con lo cual la caída de recaudación por la exención a los bajos salarios se compensa con una mayor imposición a los altos salarios, que tienen mayor productividad y posibilidad de crecer en el mediano plazo.
En conclusión, no es racional combatir la pobreza obligando a las empresas a pagar aumentos de sueldos porque en la mayoría de los casos la obligación no se condice con las posibilidades económicas de la empresa. El sentido común dice que, si el Estado quiere combatir la pobreza, lo primero que debe hacer es dejar de cobrar impuestos al pobre.




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