París (EFE) - La promesa electoral del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de establecer servicios mínimos en el transporte público terrestre en caso de huelga dio ayer un paso clave en su concreción con el inicio del trámite parlamentario de un proyecto de ley que suscita una oposición frontal de los sindicatos.
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El ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, encargado de defender el proyecto de ley en el Senado para que sea aprobado por el Parlamento en menos de un mes por el procedimiento de urgencia, afirmó que los servicios mínimos son «un instrumento de justicia social» porque garantizan el derecho a acudir al trabajo a quienes no tienen otra alternativa al transporte público.
Bertrand intentó mostrarse conciliador ante las suspicacias que el texto genera en los sindicatos y afirmó que «el objetivo de este proyecto de ley es triple: evitar que se llegue a la huelga, evitar la parálisis a causa de una huelga y evitar la ausencia de información para los usuarios».
En la práctica, se prevé un dispositivo con una « negociación obligatoria» en casos de amenazas de paro para intentar impedir el conflicto, así como la firma de un acuerdo en las empresas concernidas (1.500 en toda Francia, empezando por la compañía ferroviaria SNCF y la entidad del transporte metropolitano de París RATP).
La segunda parte, mucho más polémica, es la organización del transporte en caso de huelga, ya que los asalariados que decidan participar en una protesta deberán declararse huelguistas con 48 horas de antelación, con el argumento de que ésa es la única manera para que la dirección pueda organizar los servicios mínimos.
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