Como si no formara parte del equipo económico, el secretario de las PyMEs, Enrique Martínez, largó ayer su propio «salariazo»: propuso llevar los sueldos mínimos de $ 220 a $ 400 y otorgar por un año un subsidio de $ 250 a un millón de personas, entre jefes de hogar desocupados y jóvenes de 18 a 24 años desocupados. La propuesta forma parte del plan reactivante que viene siendo elaborando por el equipo que rodea al secretario PyME y, curiosamente, se alinea más con las propuestas que impulsan entidades como la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) que con las políticas económicas que podrían recomendar los economistas que conforman el equipo económico de Domingo Cavallo, que en su mayoría adhieren a la escuela neoclásica.
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Aunque no tan convencido de que el plan sea rechazado, Martínez -de extracción frepasistaasegura que «si se lee lo que Cavallo propone, nuestra propuesta es un complemento de sus medidas».
El plan -adelantado por Ambito Financiero-ya fue entregado a Cavallo, pero nadie sabe precisar si el ministro lo leyó o no. También lo recibieron seis secretarios: Federico Sturzenegger (Política Económica), Guillermo Mondino (jefe de Asesores), José María Farré (Política Tributaria), Débora Giorgi (Comercio), Carlos Sánchez (Industria) y Carlos Winograd (Defensa de la Competencia). Mondino fue el único que hasta ahora dedicó largos minutos a leer la iniciativa (lo hizo frente a Martínez) aunque al finalizar optó por no emitir ningún comentario.
Financiación
El trabajo también propone de dónde saldrán los recursos para financiar las medidas. En cuanto al subsidio a desempleados, que demandaría unos $ 3.100 millones, se financiaría a través de un descuento de los diferimientos de IVA en proyectos industriales y no industriales en las cuatro provincias argentinas con promoción industrial y con reclamos impositivos en vía judicial por $ 6.000 millones.
Por su parte, el aumento en los salarios mínimos (que demandaría un esfuerzo de este sector por $ 4.500 millones) las empresas PyMEs podrán financiarlo a través de un bono por $ 3.000 millones que se emitiría con garantía estatal.
La idea central del trabajo es producir un shock de consumo en los consumidores de menores recursos, que son los que tienen la mayor propensión a consumir por cada peso adicional que reciben. Sostuvo que «este aumento de ingresos llevaría a un aumento de 4% del PBI en el primer año» de aplicación de la medida.
«Si las acciones se limitan a lo expuesto por las recetas tradicionales, se dejará prácticamente en la misma situación actual a 80% de la población, que representa 54% del consumo, que sólo podrá ser factor de reactivación si aumenta su ingreso. Desde 1993 viene bajando el consumo por falta de ingresos y eso se evidenció el año pasado, con una pérdida de consumo global de $ 7.500 millones», afirmó.
Al respecto, uno de los párrafos de la propuesta indica que «el traslado al consumo de los montos transferidos a los trabajadores por esta operatoria, con el efecto multiplicador que ello tendrá, generará un aumento del PBI de no menos de $ 6.000 millones en el primer año. Esto a su vez implica, con una carga impositiva promedio de 30%, un ingreso fiscal de $ 1.800 millones».
Otro de los puntos de la propuesta incluido en el informe determina que se deberá establecer «una operatoria de reparto por dos años, entre los empleadores y el Estado, de los aportes a la seguridad social y al sistema de salud para nuevas incorporaciones de trabajadores en PyMEs, sin aportes del empleado, para forzar el registro laboral de empleados en condición irregular o de nuevos empleados. Esta operatoria regirá para salarios de hasta $ 1.000.
El trabajo también propone ordenar las relaciones comerciales con Brasil, promover las exportaciones, establecer la factura de crédito conformada y obligatoria y promover los centros comerciales a cielo abierto.
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