Gobierno busca acelerar desembolso de u$s 1.700 millones

El gobierno solicitará hoy al vicepresidente de América latina del Banco Mundial, David de Ferrantis, que acelere desembolsos por u$s 1.700 millones que el organismo ya aprobó para la Argentina. El funcionario se reunirá con Néstor Kirchner, varios ministros y el titular del BCRA, Alfonso Prat-Gay. Además de transmitir respaldo político, De Ferrantis buscará definir claramente cuáles serán las necesidades para financiar obras de infraestructura y planes sociales en los próximos años de gestión de Kirchner.

El vicepresidente del Banco Mundial paraAmérica latina y el Caribe, David de Ferrantis, llegará hoy al país, en una visita de dos días. El gobierno buscará acelerar el desembolso de u$s 1.700 millones, que ya fueron concedidos por el organismo pero aún no utilizados.

La visita tiene también un alto contenido político a dos semanas de la asunción del nuevo gobierno. De hecho, el propio funcionario aseguró que su presencia tiene como objetivo «expresar el apoyo» al gobierno de Néstor Kirchner. «Coincidimos con la nueva administración acerca de la necesidad de reducir la pobreza y la desigualdad como una de las prioridades a atacar», aseguró.

Otra visita confirmada, pero aún sin fecha, es la del director gerente del FMI, Horst Köhler, quien fue invitado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Con su llegada, que podría ocurrir a fin de mes, se iniciarían las conversaciones formales para llegar a un nuevo acuerdo de largo plazo con el organismo.

De Ferrantis llegará junto al economista jefe para la región, Guillermo Perry, y también participará el encargado de la Argentina, Axel von Trotsenburg. La comitiva se reunirá con Kirchner y también mantendrá reuniones particulares prácticamente con todo el gabinete, incluyendo a Lavagna, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el ministro de Planificación Federal, Julio DeVido. Además, también habrá reuniones con empresarios locales y con el titular del BCRA, Alfonso Prat-Gay.

También se definirá la agenda de los proyectos de inversión a desarrollar en los próximos años, que recién serían estudiados por el organismo entre setiembre y octubre próximos.

En los últimos meses, el Banco Mundial otorgó un préstamo a la Argentina por u$s 600 millones para el Plan Jefas y Jefes de Hogar y otro por u$s 500 millones para el rescate de cuasi monedas.

En cuanto a las negociaciones con el FMI, el gobierno argentino quiere el acuerdo de largo plazo entre en vigencia recién el año que viene. Tanto el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, como Lavagna, se manifestaron a favor de postergar algunos meses más el actual programa, que vence el 31 de agosto.

La estrategia oficial consiste en refinanciar los vencimientos pendientes con los organismos multilaterales por lo menos hasta fin de año, que ascienden a u$s 8.400 millones. El programa vigente comprende sólo los pagos hasta el 31 de agosto próximo y solamente entre setiembre y diciembre la cifra a refinanciar asciende a u$s 6.300 millones.

La prórroga del miniacuerdo daría el tiempo suficiente para negociar con más tranquilidad un acuerdo a tres años. «Materialmente, es casi imposible empezar a negociar ahora y terminar en agosto un programa que incluirá importantes reformas estructurales. Mínimo, hacen falta 60 días más de lo previsto en el acuerdo actual», expresó una alta fuente del equipo económico. Kirchner se mostró a favor, incluso, de acordar un programa que abarque toda su gestión, es decir cuatro años.

La cuestión más urgente con el FMI pasa ahora por el cumplimiento del acuerdo vigente. El viernes se terminaron las negociaciones con la misión del Fondo que pasó por Buenos Aires, que ahora elevará el cuadro de situación del país al directorio del organismo. Se espera que el visto bueno final del «board» se produzca también la última semana de junio.

El principal escollo de las negociaciones pasó por la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por 90 días que definió el Congreso, en franca violación a lo que establecía el miniacuerdo.

En este caso, la solución pasó por la creación de un registro de deudores con créditos morosos. Según sostienen en el Palacio de Hacienda, el problema no supera los 16.000 clientes y el monto total involucrado rondaría los u$s 500 millones. El efecto para el balance de los bancos sería, por lo tanto, casi imperceptible.