Gobierno definió principios para renegociar la deuda

Será para aquellos títulos bajo ley extranjera. Regirán criterios de sostenibilidad, de economía (simplicidad y austeridad), de transparencia activa y de razonabilidad.

Dilema. Si bien Martín Guzmán quiere renegociar con la mayor eficiencia posible, ya se ha atrasado con el calendario dispuesto a fines de enero.

El Gobierno definió ayer una serie de “principios, procedimientos, obligaciones y derechos” que regirán las relaciones del Ministerio de Economía con los terceros que quieran intervenir en los procesos para la administración de los bonos soberanos emitidos bajo ley extranjera, un proceso que ya cuenta con varios interesados. De acuerdo con fuentes oficiales, ya habría tres bancos que ingresarían en la operación: Rothschild, Lazard y el Citi, aunque también podrían postularse Guggenheim y GSA, entre otros.

De acuerdo con el Ministerio, los principios que se deberán tener en cuenta son varios, principalmente: a) Principio de la sostenibilidad; b) Principio de economía; c) Principio de transparencia activa; d) Principio de razonabilidad. El primero apunta a que la reestructuración de la deuda soberana debe realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado. El segundo indica que “se aplicarán criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellas, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias. El tercero “regirá en todas las etapas de los procedimientos de contratación” y el cuarto manifiesta que, “en las decisiones que se adopten, se buscará cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado”.

Esto ocurrió luego de que, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Palacio de Hacienda ratificara ayer el “Instructivo para la aprobación y suscripción de contratos en el marco de la Ley N° 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera”. También fue avalado el “Circuito de Gestión Administrativa para el proceso de la contratación de Asesores Financieros y/o Agentes Colocadores”. De acuerdo con el texto oficial, la Secretaría de Finanzas y la Unidad de Gestión de Sustentabilidad de la Deuda pública Externa “pueden requerir colaboración técnica, operativa y administrativa para llevar adelante los procedimientos a su cargo, por lo que se instruye a las diferentes unidades orgánicas de esta Jurisdicción a prestar dicha colaboración de manera inmediata, autorizándose al efecto, la presentación de servicios extraordinarios, inclusive en días y horas inhábiles”.

La cartera que dirige Martín Guzmán justificó esta medida al señalar que “por la ley 27.544”, se declaró prioritario para el interés de la Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. A tal fin, se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Ahora, el Ministerio consideró “conveniente dictar un procedimiento aplicable a las contrataciones autorizadas en la mencionada norma, instruyendo a las unidades de esta Jurisdicción a brindar la colaboración necesaria en términos técnicos, administrativos y operativos”.

A pesar de apuntar a realizar las negociaciones de deuda con la mayor eficiencia posible, el Ministerio ha tenido problemas en las últimas semanas para cumplir con lo pautado. En primer lugar, tuvo que reperfilar de manera unilateral los compromisos por los Bonos Duales (AF20), dado que no llegó a refinanciar los $95.000 millones que vencían el pasado 13 de febrero. Pero además, el organismo ya se encuentra atrasado en el cronograma que iba a seguir para alcanzar una reestructuración exitosa con los acreedores (privados y FMI). Los analistas ya descuentan que se van a postergar los plazos pautados, lo que implicaría que no se terminaría de resolver el asunto para fines de marzo. La otra opción sería que el Gobierno opte por modificar las condiciones de manera unilateral, lo que podría aliviar el programa financiero en el corto plazo, pero complicaría el panorama para la Argentina mirando un poco más a futuro.