Tras las irregularidades detectadas en el manejo de los planes sociales, el gobierno incorporará a los Tribunales de Cuentas de todas las provincias al sistema de control encabezado por la SIGEN. De esta forma, $ 8.150 millones destinados a la asistencia social estarán ahora bajo la lupa de la Red Federal de Control Público.
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Cabe recordar que las partidas presupuestarias relevantes pasan por el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el plan El Hambre más Urgente, el Manos a la Obra, el Familia y la Comunidad y las Acciones Compensatorias en Educación. El gasto social según el Presupuesto 2004 asciende a $ 8.146,3 millones (más de u$s 2.700 millones) donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene $ 2.690,7 millones; el de Trabajo $ 3.800,3 millones y el de Educación $ 1.655,3 millones.
De las observaciones realizadas por la Red tras visitar 297 localidades del país surgió una serie de particularidades respecto del modo de implementación de las políticas sociales.
Entre las principales se destacaron:
• La inexistencia de registros únicos e información certera tras el cruce de las bases de datos provinciales y las nacionales. Esto imposibilita corroborar los datos requeridos por los programas para la condición de beneficiario. De modo que ahora se procederá a acelerar la depuración de los padrones cruzando la información de las bases provinciales y la usada por los propios programas nacionales.
• Se detectó un bajo porcentaje de cumplimiento en los planes en los que es necesaria una contraprestación por parte de los beneficiarios. En el caso del plan Jefes, por ejemplo, se están introduciendo nuevas opciones para que los beneficiarios puedan cumplir con el requerimiento de contraprestación. Es también el caso del programa Manos a la Obra y la incorporación del componente educación.
• También se detectó que en algunos programas no se ha realizado la apertura de cuentas exclusivas para la transferencia de los fondos. Esto impide el control sobre los montos, los depósitos y las extracciones.
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