Silenciosamente, y a través de un inciso perdido dentro de una ley meramente reglamentaria, el gobierno aumentó el costo de los aportes patronales de las empresas para destinar unos 150 millones de pesos anuales más al PAMI. A través del inciso «E» del artículo 6 de la Ley 25.615; se dispone, dentro de la explicación de los recursos con que contará el organismo, que será mediante «la contribución de los empleadores comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, consistente en dos por ciento (2%) de las remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores». Esta decisión, que está en vigencia desde el jueves 1 de agosto, aumenta los aportes de las empresas al PAMI, además de unificar la alícuota en 2%.
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Hasta ahora estos aportes se dividían en dos. Por un lado, las empresas que facturaban anualmente hasta 20 millones de pesos pagaban mensualmente 1,5%; mientras que las que facturan más de esa cifra, 1,62%. Al unificar el pago en 2%, en el primer caso (donde entran todas las pequeñas y medianas empresas), el incremento llega a medio punto porcentual (una suba de 33%), mientras que en el segundo el incremento fue de 0,38 de punto. Si se tiene en cuenta que cada punto porcentual implica unos 300 millones de pesos, el PAMI recibirá ahora anualmente $ 600 millones de presupuesto para su funcionamiento. Esto implica que el incremento de fondos del PAMI anualizado sería de aproximadamente 150 millones de pesos más. Con este dinero, el gobierno apunta a paliar levemente el grave déficit operativo del PAMI, que mensualmente asciende a 40 millones de pesos. Aun con este incremento el organismo que atiende a más de 3,4 millones de jubilados tendrá problemas serios para operar, con lo cual no sería raro esperar que continúen los aumentos en los aportes; con mecanismos más o menos indirectos como los que se utilizaron en la reglamentación de esta ley.
Como la ley apareció publicada en el Boletín Oficial el 23 de julio de este año, y como no menciona en el articulado fecha de inicio de la aplicación del aumento, automáticamente la legislación estará vigente desde 8 días después de su aparición. Esto quiere decir que desde el 1 de agosto la ley debe aplicarse, con lo que en teoría los empresarios deberían liquidar el incremento ya en los salarios de este mes. Teniendo en cuenta que los salarios de bolsillo se liquidan en la última semana del mes y que los aportes patronales deben pagarse en la primera semana de setiembre, en esa fecha ya el PAMI recibirá el incremento.
• Inadvertida
El problema es que hasta ahora la ley pasó casi inadvertida, y prácticamente ninguna empresa tuvo conocimiento del incremento. Incluso hasta ahora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no reglamentó el aumento. Aparece así un gris legal: si el gobierno no termina a tiempo de reglamentar el pago y los mecanismos tributarios para concretarlo, las empresas podrían no tener la obligación de liquidarlo. Incluso algunos funcionarios del Ministerio de Economía, sorprendidos con la novedad aparecida en la Ley 25.615, especulan directamente en no reglamentarla para que la medida no sea puesta finalmente en práctica.
El gobierno de Eduardo Duhalde toma así la segunda medida de encarecimiento en el costo laboral, luego del aumento de 100 pesos mensuales hasta diciembre para algo más de 3 millones de empleados privados.
En realidad, la Ley 25.615 fue sancionada por el Congreso bajo el título de «normalización» del instituto que actualmente dirige Juan Manuel Corchuelo Blasco. La idea teórica de la legislación, donde aparece el aumento de los aportes y su generalización en 2%, era la de reglamentar el mecanismo para elegir el directorio de la entidad. Tal como anticipó este diario el miércoles pasado, la fórmula ideada se basa en la elección de 7 directores por los jubilados, 2 por el Estado (uno de ellos presidirá el PAMI) y dos por la CGT. Estos funcionarios deberán ser elegidos antes de los 180 días de aparecida la ley en el Boletín Oficial, el 23 de julio pasado.
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