La Compañía General de Electricidad de Chile (CGE) solicitará un arbitraje internacional en contra de la Argentina, por incumplimiento de obligaciones del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, vigente entre ambos países, informó ayer la compañía. El grupo chileno pidió la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tiene su sede en Washington, para que actúe como árbitro.
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La compañía «pretende que se le reconozcan los perjuicios causados por el gobierno de la Nación Argentina y los gobiernos provinciales de Tucumán, San Juan y Jujuy», de acuerdo con el comunicado.
Según el grupo chileno, las autoridades argentinas -en el gobierno de Eduardo Duhalde tomaron medidas que perjudicaron sus inversiones en ese país, como los cambios en la regulación tarifaria que adoptaron algunas gobiernos provinciales en el sector eléctrico. Las nuevas medidas «han alterado sustancialmente el esquema tarifario de la distribución de electricidad», lo que también representa un « desconocimiento unilateral del marco regulatorio y un incumplimiento de los contratos de concesión suscritos en su momento», aseguró la distribuidora. La firma explicó que, antes de dirigirse al CIADI, recurrió sin éxito a los mecanismos de solución amistosa de controversias contemplados en el tratado que firmaron los países. La CGE mantiene inversiones en la Argentina desde 1995 bajo contratos de concesión, adjudicados en concursos públicos internacionales.
El grupo, la mayor distribuidora eléctrica de Chile, es una sociedad anónima abierta fundada en febrero de 1905, con participación en diversas empresas dedicadas principalmente a la venta, transporte y distribución de electricidad y gas. En la Argentina, controla o es importante accionista de las empresas de distribución eléctrica de Tucumán (EDET), Jujuy (EJESA) y Energía San Juan.
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