Nuevas medidas costarán al Estado $ 1.900 millones

El nuevo plan económico tendrá un impacto directo e inmediato sobre la recaudación del Estado de unos $ 1.900 millones al año. Esa cifra equivale a casi 4% de los ingresos fiscales nacionales del año pasado, lo cual revela que, si este paquete no tuviera éxito en reactivar la economía, el Estado se verá enredado en una situación mucho más grave que la actual y las posibilidades de cumplir con el déficit cero serán nulas

A estos $ 1.900 millones se llega incluso sin computar la posibilidad que tendrán proveedores y contratistas de cancelar los impuestos las deudas que el gobierno mantiene con ellos. Se estima que para el Estado nacional esta deuda supera los $ 1.500 millones.

El impacto sobre la recaudación mas importante que trae el nuevo paquete se produce por la extensión de los planes de competitividad. Antes de 2003 podrían gozar de estos beneficios (que exime a las empresas inscriptas del impuesto a la renta mínima presunta, del impuesto a los intereses y permite que aportes patronales se tomen a cuenta de IVA) unos 50 sectores, tal como lo estipula el Decreto 1350. Esta medida, en la cual entrarán 22.000 empresas, significará para el Estado sacrificar unos $ 750 millones anuales de recaudación, según los cálculos que manejan los propios técnicos del ministro de Economía, Domingo Cavallo.

A su vez, la puesta en marcha del plan de infraestructura hídrica se estima que le quitaría al Estado otros $ 400 millones anuales de ingresos fiscales. Si bien este programa se financia con la eliminación de la baja del Impuesto a las Naftas, esto tendrá un impacto fiscal inmediato porque tal baja en realidad nunca se había implementado ya que había sido postergada hasta fin de año.

• Impacto

La rebaja en 6 puntos en los aportes patronales (bajan de 11% actualmente a 5%) también impacta sobre el Estado que recibe mensualmente los aportes de unos 500.000 asalariados que aún persisten en el sistema de reparto con un ingreso mensual promedio de $ 994. Para el próximo año, tiempo que por el momento es el que regirá esta medida, el Estado tendrá una caída en sus ingresos por casi $ 360 millones. Aunque en menor medida, parte de esta merma podría quedar compensada por el mayor pago del impuesto a las ganancias, dado que para los ingresos mas altos aumenta la base imponible de los sueldos. Siempre que desde el gobierno no se disponga que sobre ese aumento no se abona ganancias.

Aunque de menor impacto, la devolución de 5 puntos de IVA a las compras minoristas que se realicen con tarjeta de débito le costará al gobierno unos $ 17,5 millones. En realidad ésta podría ser la medida mas suave en términos fiscales que contiene el nuevo plan porque hasta el momento apenas unos $ 350 millones al año se realizan mediante este sistema. Actualmente el Estado recauda unos $ 73.5 millones sobre ese monto. Con la devolución de cinco puntos, dicha recaudación caerá a $ 56 millones. Como contrapartida no hay que perder de vista que si se extiende este sistema se podrá blanquear un porcentaje de las ventas que si bien muchas empresas le cargan el IVA al consumidor final, no se emite la boleta y la AFIP no recibe el monto correspondiente al tributo. Aunque como contrapartida, el Estado perderá ingresos por aquellas ventas que antes se hacían completamente en blanco y en efectivo y desde que se instrumente esta medida sean reemplazadas por compras con tarjetas de débito (aún es difícil estimar de qué monto se trataría).

Una de las medidas de fuerte impacto sobre las cuentas del Estado pero que poco aporta a la reactivación de la economía, es el incremento dispuesto en el presupuesto de la AFIP. Hasta el momento este organismo se financiaba con 2% de la recaudación. Pero según lo dispone el Decreto 1399 este porcentaje sube ahora a 2,75%. En términos de ingresos, considerando que la recaudación del año pasado se ubicó en unos $49.000 millones, la entidad que dirige Armando Caro Figueroa pasaría de disponer unos $ 980 millones anuales a $ 1.347,5 millones anuales, lo que para el Estado significará una merma en los ingresos tributarios disponibles de $ 367,5 millones anuales aproximadamente (según la masa de recaudación sobre la cual se calcule).

La suma de las reducciones en la recaudación, arrojan para el Estado una merma de recursos tributarios por $ 1.900 millones anuales. A este monto habría que sumarle otros $ 1.500 millones de la deuda flotante que el Estado nacional mantiene con proveedores, contratistas, etc. Desde ahora estos saldos se podrán ir cobrando a través del no pago de impuestos.