Otro embargo desprestigió más al país

El gobierno de Kirchner recibió un duro golpe ayer cuando un juzgado estadounidense declaró la inhibición de la residencia permanente del agregado naval argentino en Washington. El capitán de navío Javier Valladares recurrió a la embajada argentina en la capital estadouni-dense, para que se respete su residencia. Pero ante la ausencia del embajador Octavio Bordón, que estaba en Nueva York junto con Cristina Kirchner, debió comunicarse vía telefónica. Entre el embajador y la Cancillería lograron calmar al agregado naval. Pero a esa altura ya había versiones de que la residencia del embajador también corría la misma suerte.

Un día después de confirmarse el estancamiento con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno recibió ayer un duro golpe legal contra la posición negociadora de la deuda externa caída en default, al decidir un juzgado de los Estados Unidos la inhibición de la residencia permanente del agregado naval argentino en Washington. La primera reacción del Ejecutivo fue anunciar que la medida se apelaría, posición que hasta ayer mismo era rechazada por el gobierno al considerarla una acción innecesaria.
Los hechos que se vivieron en la capital de Estados Unidos fueron los siguientes:

• Por la mañana, a las 8.00, un «sheriff» enviado por el juzgado en primera instancia de Maryland, Michele Hotten, llamó a la puerta de la residencia que actualmente ocupa el capitán de navío Javier Valladares y le anunció que desde ese momento ese bien (que formalmente está a nombre de la Armada Argentina) sufría una «medida cautelar» por lo cual se trataba de una «inhibición». La primera reacción del militar fue rechazar el acto y dejó en claro al enviado que no estaba dispuesto a abandonar la residencia ni él ni su familia.

• El sheriff llamó al juzgado, pidió instrucciones, y se determinó que no era necesario que ni el marino ni su familia abandonaran la residencia. Sin embargo, el juez ordenó que en la puerta de entrada se coloque una banda roja con la leyenda «Propiedad inhibida para su venta o modificación».

• El segundo acto de Valladares y puntualmente a las 9.00 de Washington (hora de apertura de la embajada argentina), luego de lograr que no lo expulsaran de la residencia naval, fue ir a la sede diplomática vestido con su impecable uniforme militar blanco. Pidió hablar con el embajador en Estados Unidos enviado por Néstor Kirchner, José Octavio Bordón, que desde el lunes acompaña a Cristina de Kirchner en Nueva York en plena gira diplomática.

• Una comunicación telefónica con Bordón y otra con Buenos Aires, hicieron que los ánimos de Valladares, que reclamaba porque se respete su residencia, se tranquilizaran. A esa altura, en la sede diplomática argentina todo era confusión. Versiones cruzadas aseguraban que la residencia de José Octavio Bordón también estaba siendo inhibida, junto con otros bienes argentinos en Washington, incluyendo un departamento cerca de la Universidad de Columbia. Fue allí cuando desde la embajada argentina se confeccionó un listado con los 19 bienes que podrían seguir la suerte de la residencia del agregado naval, donde no figura la sede diplomática.

Mientras tanto en Buenos Aires el presidente Néstor Kirchner dio la orden al Ministerio de Economía que tranquilizara y explicara que en realidad «no era una situación importante» y a José Octavio Bordón que hablara al público para intentar bajar el tono de la noticia.

El Palacio de Hacienda, que en teoría no debería haber sido el responsable legal de explicar la inhibición (según el organigrama oficial y la ley de ministerios sería tarea de la cartera de Justicia o de Defensa), eligió para explicar la novedad el giro de un comunicado de prensa.

A diferencia del escueto comunicado del lunes donde se explicaba en no más de 70 palabras los resultados positivos de la reunión con el FMI en Coconut Groove, el comunicado de ayer se extendió largamente en explicaciones técnicas y legales varias. Confirmó primero la decisión del juez de Maryland, quejándose de que fue hecha «sin notificación a la República y sin otorgarle oportunidad de impugnarla». Se anunció la apelación y se menciona que todo esto es obra de NML Capital LTD, un fondo buitre que reclama por más de u$s 172 millones en bonos en un caso que está en manos del juez Thomas Griesa. Según el comunicado de Economía, «dicho embargo viola tanto el derecho internacional como la Ley de Inmunidades de Estados Extranjeros de los Estados Unidos que específicamente protege esa clase de propiedad». Incluso habla el comunicado, llamativamente extenso en detalles, que «la República contempla solicitar que se apliquen sanciones a NML por sus acciones manifiestamente ilícitas».

El fondo NML Capital LTD está constituido legalmente en las islas Cayman y desde el gobierno argentino se insiste en no avalar sus juicios hasta que no se publique «la identidad de sus titulares y controlantes».