Presionan cambios para invertir en el mercado eléctrico

Las empresas generadoras de electricidad plantearon a las autoridades del área energética, que depende del ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, un cambio en las condiciones regulatorias de la actividad, y advirtieron que en caso contrario, podría haber desabastecimiento a partir de 2004.

Según la posición empresaria, no hace falta un cambio de la ley de marco regulatorio como significó el polémico decreto 804, que terminó derogado por el Congreso, sino una modificación del decreto reglamentario de esa ley que permita a las empresas distribuidoras realizar contratos de largo plazo para comprar energía.

Esta posición fue expresada por Ernesto Badaraco, presidente de la Asociación de Generadores de la República Argentina. En su opinión, si se estima un crecimiento de la demanda de electricidad de 5 a 6% anual, tal como se viene dando en los últimos años, ya que este consumo sigue en alza pero con niveles más discretos pese a que cae el Producto Bruto, «en 2006 va a haber desabastecimiento seguro aun cuando haya agua en las centrales hidroeléctricas, pero la crisis puede llegar antes, en 2004 o 2005 si éstos son años secos».

Esta advertencia de los generadores también debe considerarse en el contexto de que este sector invirtió desde 1992 hasta 1996-'97, unos 7.000 millones de dólares y tiene una baja rentabilidad anual (alrededor de 1% sobre patrimonio).

Según Badaraco, esta situación desalentó las inversiones en los últimos años, y si no cambian las condiciones regulatorias no habrá nuevos emprendimientos en generación y mucho menos en transporte, sector que se mantiene sin variantes desde 1990 si se exceptúa la instalación de una cuarta línea desde el Comahue hasta Buenos Aires.

El problema se produciría porque a los generadores se les paga por la energía el precio del mercado spot, y éste está regulado por la Secretaría de Energía en función del costo del combustible y la remuneración por capacidad de cada máquina.

En los primeros años de las privatizaciones, el esquema funcionó a la medida de los generadores: como el precio spot es el precio de la última máquina que ingresa para abastecer al sistema eléctrico, hubo épocas en que ese valor era muy alto, porque había centrales obsoletas, y éstas tenían más posibilidades de ser requeridas, sobre todo si había sequía y faltaba hidroelectricidad.

Pero después de que la mayoría de las centrales se modernizó e introdujo plantas de ciclo combinado, el precio spot comenzó a bajar. A su vez, esa situación desalentó a las empresas distribuidoras a realizar contratos de largo plazo.

• Obligación

Por otra parte, Cammesa, la empresa que regula el despacho de electricidad y está controlada por la Secretaría de Energía, desde 1995 obliga a las generadoras a mantener máquinas en disponibilidad para ingresar en cualquier momento en caso de que haya una emergencia. Pero esa generación que se llama forzada no forma precio, porque está en reserva, es decir, no entra al sistema. Esto significa que en épocas de gran hidraulicidad como la actual, el precio spot queda fijado por las centrales hidroeléctricas, que tienen la energía más barata, y a las demás generadoras que deben tener 40% de sus máquinas disponibles, se les cubre el costo del combustible.

Una parte de esa generación forzada es pagada por Edenor y Edesur, a un precio más alto que el spot, porque necesitan garantizar el suministro desde las centrales ubicadas en Capital Federal por si se produce un corte en el abastecimiento que viene de las hidráulicas.

Pero según las generadoras, esto significa una pequeña parte de la energía que están obligadas a tener disponible, porque si no están funcionando hay que esperar unas 24 horas para que las centrales térmicas entren en funcionamiento.

Todas las empresas coinciden en que el problema reside en que la Secretaría de Energía privilegia un despacho económico antes que seguro, haciendo ingresar más energía de las centrales hidráulicas con el riesgo de que se corte el suministro (por el recorrido que debe realizar la electricidad).

El problema no es de fácil solución: con un país en recesión desde hace más de tres años, con alto índice de desocupación y baja del salario real, el gobierno termina mirando el corto plazo y achatando lo más posible el precio de la energía mayorista. Si las distribuidoras pactan contratos de largo plazo, habría una suba en las tarifas, aun cuando el aumento sería sobre un tercio de la factura de los residenciales, el equivalente al precio mayorista de la energía, y un poco más para los grandes usuarios industriales.

Según las generadoras, si hubiera contratos, habría inversiones en generación, porque se conseguirían tasas más accesibles, y en transporte, porque estaría asegurado el uso de la línea a instalar.

La asociación de los generadores cree que esto se puede resolver cambiando el decreto reglamentario de la ley de marco regulatorio eléctrico, de modo que en vez de permitirle a las distribuidoras trasladar al público el precio estacional fijado por la Secretaría de Energía, se permita traspasar el promedio de los contratos firmados.

Algunos expertos creen que si esto se regula después estableciendo mecanismos que aseguren licitaciones transparentes y que exijan a las distribuidoras diversificar sus proveedores, el impacto sobre tarifas podría estar acotado y al mismo tiempo se crearían condiciones para nuevas inversiones.Además,el abastecimiento podría ser más seguro ya desde lo inmediato, disminuyendo la posibilidad de cortes gigantescos, pero todo esto requeriría una decisión política para cambiar las regulaciones actuales fijando nuevos límites.