La posibilidad de que Néstor Kirchner active un nuevo aumento de salarios para estatales nacionales les eriza ya la piel a los gobernadores, que temen una nueva catarata de reclamos similares en sus provincias. El malestar no es arbitrario: meses atrás, el incremento de 150 pesos que el Presidente les dio a los trabajadores del Estado con sueldos menores a los 1.000 pesos desató una escalada de protestas en las provincias que obligó a una quincena de mandatarios a activar también subas salariales.
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• Algunos gobernadores ya se atajaron públicamente y blandieron la imposibilidad de otorgar un nuevo incremento. Por caso, el riojano Angel Maza argumentó que la provincia no tiene recursos para afrontarlo.
«No tenemos el mismo resto en el tema de los fondos y debemos ser cuidadosos, porque Nación tiene muy pocos empleados públicos en comparación con las provincias y, además, nos transfirió todos los servicios estatales, como la salud y la educación», aseguró Maza, en un tiro por elevación a Kirchner.
El gobernador recordó, además, desde La Rioja que «sólo 40% ciento de los recursos que se recaudan se coparticipa, y el volumen más importante no se distribuye entre las provincias».
• Desde Buenos Aires, el ministro de Trabajo de Felipe Solá, Roberto Mouillerón, aseguró que el gobierno nacional debería «consultar a las provincias» antes de confirmar una suba salarial para estatales nacionales. «Estas cuestiones hay que consensuarlas, porque cuando no está calculado en los presupuestos, genera algún tipo de problema», dijo.
Luego del último incremento otorgado por Kirchner, una oleadade reclamos gremiales complicó seriamente a la provincia, hasta que finalmente Solá logró calmar la revuelta con un incremento salarial de 100 pesos, 50 pesos menor que el que concedió el Presidente. • Es claro que los gremios en las provincias toman nota de cada vaivén nacional en materia de anuncios salariales nacionales, incluso en materia de pasivos. Por caso, ayer el secretario de la Regional Buenos Aires de la Confederación de Trabajadores de la Educación, Miguel Díaz, reclamó «una urgente recomposición salarial para los trabajadores de la educación».
El gremialista leyó el incremento a jubilados como la aceptación oficial de la pérdida del poder adquisitivo, lo cual -dijo-«debe ser el principio general para todos los trabajadores y pasivos». Por ello, ya anticipó que pedirá «una urgente reunión» con Solá y con el director de Escuelas, Mario Oporto.
