La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, no podrá celebrar el Año Nuevo -como esperaba-con la firma del acuerdo para la reforma previsional. Porque cinco de los catorce miembros de la comisión especial para la reforma del régimen previsional ya manifestaron que no rubricarán el texto de las recomendaciones. Horacio Canestri, director ejecutivo de la Unión de AFJP, justificó la decisión de estos cinco miembros en que en el seno de la comisión se había acordado eliminar del texto los puntos que generaban fricciones. Se refiere al debate acerca de qué porción del aporte personal iría al régimen de reparto estatal y cuánto al régimen de capitalización. Otro punto que provocó desacuerdos en la comisión, sobre todo del lado de los representantes de las AFJP, fue la incorporación de otras «entidades» (como sindicatos, empresas o mutuales) en la administración de fondos de pensiones.
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«Si quieren competir en el régimen de capitalización, las puertas están abiertas, sólo deben formar una sociedad anónima con figura jurídica de AFJP y comenzar a operar en el mercado; no hay razón para generar más incertidumbres», señaló Canestri quien consideró que el documento que la cartera laboral intenta firmar quiere debilitar el sistema de capitalización.
«Ya les informamos a los funcionarios de la Secretaria de Seguridad Social que estaríamos de acuerdo en un documento que represente y preserve en algo la integridad del sistema de AFJP», afirmó el ejecutivo. Canestri, al igual que otros representantes de la jubilación privada, fustiga que el documento se «orienta a reforzar el régimen estatal que ha demostrado ser inviable en el mundo». Lo cierto es que detrás de este cortocircuito entre los catorce notables de la comisión especial hay una cruenta lucha de intereses políticos que hipoteca el futuro del sistema previsional. Del lado filosófico, unos quieren una jubilación obligatoria; y otros, voluntaria.
Por ello, el secretario de Seguridad Social, Alfredo Comte Grand, les manifestó a los representantes de las AFJP que el documento sólo apuntaba a sentar las bases para que el próximo gobierno encare la resolución del problema previsional. «Sólo se trata de un análisis profundo de la situación», sostuvo.
Más allá de los nombres de los miembros que se niegan a firmar el documento de acuerdo, el caso más anecdótico es el del representante del sector empresario, quien en la reunión del jueves de la semana pasada había votado a favor y, el lunes último, a horas de la rúbrica, parece haberse excusado por «no estar presente en la ciudad por un tiempo».
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