Serio: el costo de la crisis argentina ya es 94% del PBI

Para cuantificar los costos, explícitos e implícitos, de la crisis financiera que enfrentó la Argentina a partir de 2001 hay que hacer una distinción entre diferentes tipos de crisis financieras, tales como las cambiarias (ataques especulativos contra la moneda local), las bancarias (corridas contra bancos), las financieras sistémicas (colapso del sistema financiero) y crisis de deuda externa (cuando un país no puede cumplir sus compromisos).

La crisis argentina puede caracterizarse como una de deuda externa, dado que el origen está en un problema de incumplimiento de la deuda pública. Ello determinó una corrida bancaria alentada por incertidumbre política que derivó, a través de una enorme emisión monetaria para proveer liquidez al sistema financiero, en una crisis cambiaria sin precedentes.

En la estimación de los costos de una crisis financieras se distingue entre los fiscales y los cuasi fiscales, por un lado, y el costo en términos del producto perdido como consecuencia de la crisis.

Los costos fiscales suelen estimarse teniendo en cuenta el aumento de los impuestos que deberán realizarse en el futuro por el restablecimiento de la salud del sistema financiero. Estos no representan costos económicos, sino una mera transferencias entre el Estado y un grupo particular de la población (ahorristas, deudores y accionistas de entidades financieras).

Existen otras transferencias entre sectores, más difíciles de desentrañar, denominados costos cuasi fiscales. No están visibles en emisiones de deuda o en el presupuesto. Los seguros de cambio, la imposición de topes a las tasas de interés, los márgenes de intermediación financiera más altos debido a la alta morosidad, desvalorizaciones de pasivos bancarios que tienen como contrapartida reducciones de activos bancarios, etc., son algunos de los ejemplos.

• Subsidio

Ese tipo de costo es sumamente relevante en el caso argentino. La «pesificación» a un tipo de cambio inferior al del mercado constituyó un subsidio los deudores del sistema, dado que éstos vieron reducido el monto original de la obligación gracias a que también disminuyó el monto de la acreencia. Se trató de un seguro de cambio para los deudores del sistema financiado con un impuesto a los acreedores.

Los costos sobre el producto hacen referencia al impacto negativo sobre el PIB derivado de la contracción crediticia y, en casos extremos, de la ruptura del sistema nacional de pagos. Las crisis financieras cuando adquieren relevancia en relación con el tamaño de la economía van acompañadas de otras disrupciones, por ejemplo, en el flujo de capitales externos y entrañan de esta forma crisis cambiarias. Esto hace que la caída en el producto y el empleo no puedan atribuirse exclusivamente a problemas en el sistema financiero per se, sino que deba considerarse como consecuencia de un conjunto adicional de factores.

Siguiendo la información oficial y suponiendo que se efectivicen las compensaciones por las medidas asimétricas instrumentadas a principios de 2002, los costos fiscales se dividen de dos partes:

a) compensación a los bancos derivados de la pesificación de los activos y pasivos del sistema (u$s 9.312 millones) y por el pago de amparos y las pérdidas por las excepciones del ajuste por inflación (CER) (u$s 3.000 millones). Entre ambos suman u$s 12.312 millones, y; b) la compensación a los depositantes, a través de los canjes de depósitos por bonos (u$s 2.973 millones) y el pago del diferencial del tipo de cambio al retirar sus depósitos (u$s 1.350 millones). Entre ambos suman u$s 4.323 millones. Primera conclusión: el costo fiscal total fue de u$s 16.635, aproximadamente 15,1% del PIB. Estos costos se calcularon netos de las garantías otorgadas.

Existe una diferencia entre quienes reciben las compensaciones y quienes fueron beneficiados por esta crisis. El costo fiscal mencionado representa un monto mínimo del subsidio otorgado a los deudores del sistema financiero.

Los costos cuasi fiscales, derivados de la devaluación y posterior pesificación, pueden estimarse teniendo en cuenta lo que hubieran tenido que pagar los deudores del sistema en el caso de una devaluación sin pesificación. Los costos para los deudores deberían computarse teniendo en cuenta el pago que se realizaría al tipo de cambio al vencimiento de la amortización parcial o total de la deuda. Para ello debería suponerse una trayectoria de vencimientos y otra del tipo de cambio, a la vez de considerarse los ajustes por CER o CVS que correspondan por la pesificación.

• Alternativas

La estimación supone que la alternativa era la cancelación de pasivos originalmente denominados en dólares al tipo de cambio de $ 1,40 más el ajuste por CER/CVS frente a la cancelación en dólares al tipo de cambio libre. Para ese cálculo se utilizaron los datos de los balances de los bancos al 31-12-2001, un tipo de cambio de $ 3 (promedio de los años 2002 y estimado de 2003) y la variación del CER y CVS correspondiente.

Segunda conclusión: las estimaciones según estos supuestos indican que el monto de la transferencia a los deudores del sistema financiero equivale a 32,9 por ciento del PIB (aproximadamente u$s 36.000 millones), y los principales beneficiados son los deudores del sector privado, pesificados «1 a 1», dado que la transferencia fue de un monto equivalente a 20,9 por ciento del PIB. El sector público fue beneficiado con una transferencia cercana a 12 por ciento del PIB.

¿Quiénes pagaron este subsidio? La mayor parte fue soportada por los depositantes y los accionistas bancarios, en conjunto 17,8% del PIB. El resto fue asumido por el Estado a través de la mencionada emisión de bonos, 15,1 por ciento del PIB.

Siguiendo la metodología antes mencionada, se estimó la pérdida del PIB debido a la crisis cambiaria y financiera desatada en el año 2001. Se considera que la crisis comenzó en el segundo trimestre de 2001, con el inicio de la corrida bancaria en marzo. A ésta le siguió una corrida cambiaria, dado que el retiro de depósitos en efectivo tuvo como contrapartida una caída en las reservas internacionales en el BCRA. El punto límite de esta crisis fueron las decisiones tomadas en la última semana de 2001 (default) y los primeros dos meses de 2002 (pesificación asimétrica).

Tercera conclusión: la pérdida acumulada de esta crisis incluido 2003 sería de 45,8% del PIB, siendo una de las crisis financieras con mayor costo en la experiencia internacional; a) sólo la supera la crisis colombiana de 1982-1987 con una pérdida del PIB de 65%, y b) es similar en magnitud a las crisis de Chile en 1981-1983 (45,5% del PIB) y la de Indonesia 1992-1994 (42,3% del PIB). Si se asume un pronóstico optimista de crecimiento del producto argentino (4,3% anual entre 2003 y 2007), la pérdida acumularía hacia 2007 un porcentaje equivalente a 79,3% del PIB, convirtiéndose en la más grave de todas las relevadas en el mundo civilizado.

Las medidas adoptadas a fin de 2001 y principios de 2002 generaron una muy fuerte pérdida para la sociedad argentina. Y todavía queda para el futuro afrontar mayores impuestos a fin de atender el servicio de la deuda adicional y la titánica tarea de convencer a la sociedad de que sus futuros contratos no serán violados.