Hoy se cumplen tres años de la imposición del «corralito» financiero dispuesto por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que marcó el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, aún persisten los resabios de la pesificación, la devaluación y el default. Prueba de ello es que mensualmente todavía el sistema financiero enfrenta un flujo de amparos judiciales por los depósitos pesificados por más de 200 millones de pesos.
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El congelamiento de depósitos fue implementado a partir del 3 de diciembre de 2001 para frenar una corrida bancaria. Cavallo había convocado a una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para intentar convencer a la sociedad de que el «corralito» iba a durar sólo 90 días, hasta completar el megacanje de deuda pública. El viernes 30 de noviembre de ese año, Ambito Financiero anticipó la medida, que iba a ser lanzada y que mantenía en estricto secreto Cavallo.
Sin embargo, ese megacanjeno llegó a terminarse, y el entonces presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, anunció, ovacionado por el Congreso nacional reunido en Asamblea Legislativa, el default del que todavía la Argentina no pudo salir. Tras su fugaz estadía en la Casa Rosada, Rodríguez Saá renunció, y después de cinco cambios de mando, asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien, con el asesoramiento de Jorge Remes Lenicov, no dudó en devaluar la moneda y dar por terminada la convertibilidad.
Además, la restricción que pesaba sobre los depósitos fue extendida por un período mayor y abarcó más depósitos y operaciones, convirtiéndose en el «corralón».
A partir de la pesificación y reprogramación de los depósitos, miles de ahorristas de todo el país iniciaron acciones judiciales para poder recuperar sus depósitos en la moneda de origen, lo que generó un importante «goteo» de fondos en el sistema financiero.
• Alternativas
Aquellos que no optaran por la vía judicial recibirían sus depósitos reprogamados a 1,40 pesos más CER en un Certificado de Depósito Reprogramado (CEDRO) o el monto original en bonos del gobierno nacional (BODEN) en dólares. Frente a estas alternativas, los tribunales del país se llenaron de demandas judiciales, y el número de amparos contra la medida del Poder Ejecutivo superó rápidamente los 320.000.
En febrero de 2002, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del «corralito» con el famoso caso Smith, y el 5 de marzo de 2003 falló a favor de una demanda de la provincia de San Luis contra el Banco Nación, obligando a la entidad devolver el depósito en dólares. No obstante, en ninguna de las sentencias estaba definida la constitucionalidad o no de la pesificación. Recién el 26 de octubre de 2004 el máximo tribunal se expidió a favor de la «pesificación».
De todas formas, el tema no está definitivamente resuelto debido a que el aval de la pesificación atañe sólo a aquellos depósitos superiores a 70.000 dólares, con lo que se abrió la posibilidad de que los ahorristas que estén debajo de esa cifra puedan recuperar su dinero en la moneda de origen o en su equivalente en pesos.
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