Un escollo no fiscal para la promoción de la industria del conocimiento

Una de las condiciones esenciales para lograr una cultura de innovación tanto en la esfera pública como en la privada es la comunicación. En ese contexto, el Gobierno dispuso la regulación de las referidas actividades TIC y los servicios de telefonía móvil en todas sus modalidades. Si esto restringe la inversión, el resto de la cadena se puede resentir.

Pixabay

Aquellos que se dedican a estudiar la innovación la definen como un fenómeno que se origina en el conocimiento y, ante todo, genera valor. No necesariamente supone una invención o una creación disruptiva sino, por el contrario, se constituye a partir de elementos conocidos que, conjugados adecuadamente y de manera eficiente, generan valor agregado en el mercado.

Una de las condiciones esenciales para lograr una cultura de innovación tanto en la esfera pública como en la privada es la comunicación. Actualmente no se puede concebir la innovación y la generación de valor subsecuente sin adecuadas herramientas de comunicación. Podríamos decir que las actividades TIC (servicios de las Tecnologías de la información y Telecomunicaciones) y servicios de telefonía móvil, constituyen la autopista sobre la que viaja el conocimiento y la innovación. Hoy no es concebible una cultura de innovación en el campo que sea sin la infraestructura de actividades TIC.

El pasado 21 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el DNU 690/2020 disponiendo la regulación de las referidas actividades TIC y los servicios de telefonía móvil en todas sus modalidades. Aquel Decreto definió a las TIC como servicio público esencial y estratégico y dispuso la suspensión de aumentos o modificaciones de precios hasta fines de diciembre 2020. Asimismo, la norma destacó que los licenciatarios del servicio fijarían sus precios, pero advirtiendo sobre la justicia y razonabilidad de estos y sobre márgenes razonables de operación. No obstante, la autoridad de aplicación (Enacom) quedaba facultada para regular dichos precios cuando razones de interés público así lo ameritaran.

El viernes 18 de diciembre pasado el Enacom finalmente comunicó que “... A partir del 1 de enero de 2021 se aplicará un aumento del 5% en los precios para todos los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”.

Por otra parte, el 26 de octubre de este año se sanciono la Ley 27570 la cual modificó los incentivos fiscales de la industria del conocimiento. La ley dispuso un incentivo claro al sector privado para acelerar la innovación y la incorporación de tecnologías al tiempo que también generaría empleo de calidad.

Como se dijo previamente, las tecnologías de la información y comunicaciones suponen el insumo básico de la economía del conocimiento. La regulación de las TIC debe priorizar la inversión en ese sector. No solo para brindar un servicio de calidad a los usuarios o consumidores finales y un adecuado acceso a los sectores más vulnerables sino también para no descuidar o restringir la innovación o transformaciones necesarias en otros sectores de la economía local. De nada sirve promover una política pública tendiente a desarrollar la industria del conocimiento si, por otro lado, la industria TIC no obtiene rentabilidad suficiente para invertir en tecnologías de vanguardia que permitan el desarrollo y exportación de ese conocimiento. En un reciente estudio, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la diferencia tecnológica entre países desarrollados y en desarrollo se ampliará en los próximos años y ya se están evidenciando flujos de inversión hacia países desarrollados para capturar la rentabilidad adicional que las nuevas tecnologías permiten.

Los servicios TIC han demostrado, durante el aislamiento obligatorio, ser un catalizador importante para la comunidad educativa y muchos sectores económicos ya que han logrado seguir operando, sosteniendo empleo y generando valor agregado.

Todos los eslabones de las cadenas de valor de distintos sectores económicos, se encuentran actualmente en un momento crítico de transformación y de incorporación de tecnologías para poder sortear la crisis sanitaria y posicionarse estratégicamente en el mundo poscovid-19. Si el eslabón TIC restringe la inversión y por lo tanto compromete la calidad del servicio, necesariamente el resto de la cadena se resentirá. Claramente el efecto buscado con la regulación de las TIC se vincula con la ampliación de derechos de acceso a la población vulnerable. No obstante, es importante que no se generen efectos contrarios que afecten el desarrollo de la industria del conocimiento.

(*) Socio del departamento de impuestos y transacciones de EY Argentina