Cerca de la medianoche del martes, tras un debate que no estuvo exento de intercambio de chicanas entre oficialistas y opositores, y con los palcos del recinto ocupado por decenas de artistas, el Frente de Todos logró aprobar en la Cámara de Diputados la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas que reciben institutos públicos vinculados a la promoción de las industrias culturales. Con 132 votos afirmativos, cinco negativos y 92 abstenciones, el régimen de industrias culturales, que tiene como fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre, consiguió la media sanción y ahora necesita el aval del Senado para no perder los beneficios.
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El debate tuvo la particularidad de que los artistas fueron llenando las gradas del recinto y configuraron una suerte de tribuna que arengó en todo el momento a los oradores oficialistas y abucheó a los diputados opositores que planteaban sus reparos con la iniciativa. Diputados de Juntos por el Cambio se quejaron en más de una oportunidad por las interrupciones a partir de los gritos que bajaban desde los palcos.
El proyecto tiene como autor al diputado kirchnerista Pablo Carro, y propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2072, los fondos que ya reciben las instituciones de este sector como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, la Conabip, el ENACOM, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Antecedentes
Ya cuando se aprobó casi por unanimidad la ley 27.432, que disponía la caducidad de las asignaciones específicas, este diario alertó sobre la espada de Damocles que desde el 1° de enero próximo caería indefectiblemente sobre la cabeza de los diversos beneficiarios de créditos y subsidios a las artes y la cultura. La advertencia se reiteró en sucesivos balances anuales sobre el cine argentino y otras formas creativas dependientes de fondos estatales. En su momento, la ley 27.432, aprobada el 27 de diciembre de 2017, parecía beneficiosa, ya que derogaba una ley de 1997 de impuesto a las ganancias, mejoraba algunos artículos de las leyes 23.427 de 1986 del régimen legal del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, y 25.413 de 2001 de impuestos sobre créditos y débitos a las cuentas corrientes bancarias, y dictaminaba para el 31 de diciembre de 2022 la desaparición (o sustitución), del gravamen de emergencia vigente desde 1973 a los juegos de azar y deportivos, un impuesto interno previsto en la Ley de Impuestos Internos de 1979, otro sobre bienes personales vigente desde 1991, otro “de emergencia” al precio final de los cigarrillos dictado en 1995, el impuesto al valor agregado previsto en la ley de 1997, el impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de 1998, y el impuesto a los pasajes al exterior vigente desde 2004. El problema es que parte de lo recaudado se supone que tiene como destino el auxilio y mantenimiento de las actividades artísticas y culturales, que desde el 2023 quedarían sin ningún soporte estatal.
Para el cine y las series nacionales el problema se agravaba, porque el 31 de diciembre también perderían vigencia los impuestos a las entradas de cine (ley 17741 de 1968 y modificaciones), a los videogramas, y a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley 26.522 de 2009. Esos impuestos son, precisamente, los que permiten al Incaa la distribución de créditos y subsidios a las producciones, y la difusión nacional e internacional de los productos.
Paraná Sendrós



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