Caso Johana Ramallo: prorrogaron la prisión preventiva de un acusado de integrar la red de trata

La Cámara Federal de Casación Penal extendió por seis meses la prisión preventiva de Hernán Rubén García, señalado como proveedor de drogas de la organización que explotaba sexualmente a mujeres. Permanecerá detenido mientras se desarrolla el juicio oral.

Johana Ramallo desapareció en 2017 y sus restos fueron encontrados dos años después en la costa de Berisso.

La Sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la prórroga de la prisión preventiva de Hernán Rubén García por el término de seis meses, a partir del 1° de agosto, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de La Plata. García está acusado en el caso de la desaparición y muerte de la joven Johana Ramallo.

De este modo, el acusado deberá permanecer detenido durante el desarrollo del juicio oral y público que se está llevando a cabo.

En la causa, se juzga a los integrantes de una organización criminal descubierta a partir de la denuncia efectuada por la desaparición y muerte de Johana Ramallo en el año 2017, cuyo cuerpo fue hallado dos años después en la costa de la localidad de Berisso y dio lugar a la hipótesis de femicidio.

La desaparición y muerte de Johana Ramallo

La joven de 23 años fue víctima de una red de trata y explotación que operaba en el área conocida como “Zona Roja” del barrio “El Mondongo” en la ciudad de la Plata.

Este grupo delictivo se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres y comercializar estupefacientes, tanto para ofrecerlos en el marco de los servicios sexuales, como para el consumo de las propias víctimas, aprovechándose de la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

En dicho entramado, García se encuentra señalado como uno de los encargados de controlar a las víctimas a través del comercio de sustancias, en su carácter de proveedor de la organización.

Además, se relevó que la banda desplegó su actividad a partir de la captación y recepción de víctimas en el territorio sobre el que ejercían un control de hecho -que en algunos casos implicó el “cobro de la parada”-, lugar en el que se consumaba la explotación.

En la mayoría de los casos, se consiguió la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las múltiples vulnerabilidades que presentaban, derivadas de la dependencia a las sustancias que les proveían, la corta edad y la precariedad de las condiciones sociales, económicas y familiares.

Asimismo, el accionar implicó que los imputados en diversas ocasiones entablaran relaciones sentimentales con ellas, generando un falso vínculo de confianza para lograr su manipulación y someterlas a la explotación sexual. Los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar habilitaron la feria judicial y prorrogaron la preventiva.