Crearon por ley registro de usuarios de celulares

Senado convirtió ayer en ley la creación de un registro público de usuarios y clientes de telefonía celular, además de castigar con prisión de 6 meses a 3 años a quien compre, a sabiendas, una unidad robada.

Es decir que los celulares quedarán, desde la promulgación de la norma, equiparados a los automóviles y, por lo tanto, serán bienes registrables. Según lo que aprobó la Cámara alta, el Poder Ejecutivo dispondrá las condiciones en que se venderán las tarjetas de telefonía para celulares.

La iniciativa, que tiende a perseguir el uso de celulares para cometer ilícitos (por ejemplo, secuestros extorsivos) y forma parte de medidas contra la inseguridad, despertará una polémica, ya que el registro público puede violar la intimidad de quienes poseen un teléfono portátil.

• Veto

En ese sentido, los diputados -que introdujeron una modificación en esa cláusula (propusieron una base de datos actualizada confeccionada por las licenciatarias, en consulta con la Comisión Nacional de Comunicaciones)- especulaban anoche con un eventual veto presidencial.

En su defecto, los afectados, tanto clientes como compañías, podrían presentar recursos de amparo ante la posibilidad de que el registro tenga filtraciones y se convierta en fuente de otros «negocios» como la compraventa de datos personales. Evidentemente, no existe confianza entre los miembros de la Cámara baja sobre los cuidados del Estado a la hora de administrar y proteger archivos.

No es el único punto que genera discusiones en el Congreso. Es probable que desaparezcan los agentes oficiales que, en la actualidad, comercializan líneas, aparatos y accesorios, pues la norma requiere que sean las licenciatarias directamente las que los vendan.

La CNC -o la reglamentación- del PEN (dispone de 60 días para hacerlo)- será la que, en definitiva, resuelva la controversia. A última hora de ayer, la novedad de que se habían rechazado las sugerencias de Diputados provocó malestar.

El kirchnerista de Río Negro, Osvaldo Nemirovsci, no podía ocultar su descontento, en nombre de la Comisión de Comunicaciones. El ucedeísta de Córdoba Mauricio Bossa declaró que «esto daña severamente el mercado celular del país, además de violar la intimidad de los usuarios».

En cambio, la Cámara alta aceptó una enmienda que incorporaron en revisión.

Aceptaron allí que había olvidado un detalle importante: imponer sanciones para quienes clonaran o robaran celulares. Los diputados cubrieron este bache, tal cual quedó reflejado en el texto definitivo: prisión de 6 meses a 3 años para quien, a sabiendas de la procedencia ilegítima, adquiera o utilice terminales; prisión de 1 mes a 6 años para el que altere, reemplace o duplique un número de línea; el mismo castigo se aplicará a quienes hicieran lo mismo del punto anterior, pero con tarjetas de telefonía.

• Denuncia

La pena será de 1 a 6 años cuando quienes incurrieran en las conductas anteriores lo hicieran con ánimo de lucro o para perpetrar otro delito. Si los criminales fueran dependientes de empresas licenciatarias, las penas mínimas y máximas serán aumentadas un tercio.

Los clientes están obligados por ley a denunciar en forma inmediata a las empresas cuando pierdan o les roben los celulares. Queda prohibida la activación de equipos que fueron reportados como extraviados o denunciados, sin autorización de los propietarios. Cuando el equipo sea importado por el cliente, las empresas deberán requerir las constancias aduaneras y las facturas emitidas en forma legal.

M.M. (h)