El derrumbe del complejo PROCREAR de Parque Patricios provocó una serie de presentaciones judiciales por parte de vecinos damnificados, que pidieron este martes ser incorporados como querellantes en la investigación y advirtieron sobre una posible alteración de la escena del colapso.
10 de marzo 2026 - 20:19
Derrumbe en Parque Patricios: vecinos piden ser querellantes e investigar a la empresa constructora
Damnificados por el colapso del complejo solicitaron incorporarse en la causa por estrago culposo y advirtieron que maquinaria de la constructora habría intervenido en el lugar días después, con riesgo de modificar pruebas clave.
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Los vecinos piden investigar a la empresa constructora.
La causa tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 bajo la figura de estrago culposo y busca establecer qué provocó el desprendimiento de una losa de 50 por 70 metros que cayó sobre el estacionamiento del complejo y destruyó 65 vehículos el martes pasado.
En las últimas horas, la fiscal María del Rosario Salvetici formalizó la incorporación de seis nuevos querellantes, quienes solicitaron acceso a la prueba a través de presentaciones realizadas por sus abogados, entre ellos Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.
En los escritos judiciales, los damnificados señalaron que en el complejo existían riesgos estructurales previos y reclamaron que se investiguen las responsabilidades de la constructora Sudamericana SA (COSUD), sus directivos y las autoridades encargadas de controlar la obra.
Uno de los puntos centrales de las denuncias se refiere a la presunta contaminación del lugar del derrumbe. Según indicaron, cuatro días después del colapso una retroexcavadora ingresó al área afectada sin aviso previo, cuando el edificio aún permanecía evacuado. También señalaron que durante la remoción de escombros había personal jerárquico de COSUD presente.
De acuerdo con los denunciantes, la utilización de maquinaria pesada podría haber alterado o destruido evidencia relevante para la investigación penal. “La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos, extracción de materiales esenciales para la investigación”, afirma la presentación del abogado Burlando.
El pedido de la querella
Los querellantes pidieron que la Justicia investigue no solo a la empresa constructora, sus directivos y técnicos responsables, sino también a todos los profesionales y entidades que participaron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.
Además, solicitaron que se analice la actuación de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían supervisar la construcción, que se realice una pericia técnica independiente y que intervenga la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal, especializada en derrumbes urbanos. También propusieron al ingeniero civil Dunayevich como perito de parte, designación que fue aceptada por la fiscal.
Entre otras medidas, reclamaron acceder a toda la documentación de la obra, incluidos planos, memorias de cálculo y el libro de obra, así como preservar los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona durante el momento del derrumbe y el retiro de escombros. También pidieron la recolección de testimonios de vecinos y testigos presenciales.
En el plano patrimonial, los denunciantes solicitaron la inhibición general de bienes de COSUD para evitar que la empresa vacíe su patrimonio y garantizar eventuales indemnizaciones, aunque ese pedido fue rechazado por ahora por la fiscalía.
La respuesta de la fiscalía
Respecto de las medidas de prueba, la fiscalía informó que el 3 de marzo, día del derrumbe, ya se habían ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, con el objetivo de determinar si el colapso era previsible, cuáles pudieron ser sus causas y si existieron deficiencias o incumplimientos.
La fiscal también amplió el pedido de información al Gobierno porteño para obtener habilitaciones, inspecciones y documentación técnica vinculada con la obra, y solicitó un relevamiento integral de cámaras y testimonios en torno al hecho.
En cuanto a la inhibición de bienes de la constructora, la funcionaria judicial explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial, por lo que decidió no avanzar por ahora con esa medida, aunque no descartó adoptarla más adelante si el avance de la investigación lo justifica.
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