Una insólita protesta se desarrolló ayer en la Capital Federal: los vendedores de quiniela clandestina, que hasta están agremiados, protestaron en el Congreso, la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la Legislatura, contra el Código Contravencional de la Capital Federal. La norma, si comienza a regir como está en enero, prevé de 30 a 45 días de arresto y multas de hasta $ 20.000, y los quinieleros quieren pagar como autónomos y que les permitan usar el lápiz y la libreta. Aducen que la plata que pagan de «coima» podría ir al Estado y quieren que los legisladores anulen el artículo del Código Contravencional que los castiga.
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Uno de los dirigentes de los quinieleros, Guillermo Salvatierra, aseguró que los «levantadores de quiniela pasarían a ser « contribuyentes», y esto significaría «un ingreso de $ 140 millones a las arcas del Estado», según dijo a la agencia «Télam». «El dinero de unos 100 mil quinieleros de todo el país que hoy en día va a manos de los policías en concepto de coimas pasaría directamente al Estado», indicó Salvatierra.
La movilización del sindicato de los vendedores ambulantes, SIVARA, provocó la alarma de la Cámara de Agentes Oficiales de la Lotería Nacional (CAOLN), que aseguró que «el juego clandestino priva al Estado de fondos que, en momentos de crisis como los que se viven, deben estar destinados a atender a quienes más lo necesitan». «Es inadmisible y lamentable que haya grupos que estén pidiendo la legalización de este flagelo», Diego D'Agostino, titular de CAOLN.
La Cámara de Agentes Oficiales de la Lotería Nacional sostuvo que «si bien resulta difícil obtener estadísticas sobre el juego clandestino, se calcula que evade impuestos por unos u$s 300 millones en Capital Federal y provincia de Buenos Aires».
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