La prohibición de fumar en locales públicos cerrados comenzó a aplicarse ayer en Italia con las primeras multas a infractores, el apoyo de los no fumadores, el recelo de los propietarios de establecimientos y un fuerte debate social.
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Apenas un minuto después de la medianoche, un joven fumador fue multado en Nápoles (Sur) con 27,5 euros, después de que el dueño de un bar situado en plaza Vanvitelli lo denunciara a agentes de la policía municipal. El propietario justificó su acción en que la nueva ley lo obliga a denunciar a los clientes que fumen bajo la amenaza de afrontar multas de entre 220 y 2.200 euros. Otro local de la misma ciudad fue multado con 50 euros por no exhibir al público el cartel en el que se anuncia que está prohibido fumar.
Estas obligaciones siguen dando qué hablar, y la patronal del pequeño comercio Confcomercio, que trató en vano de retrasar la entrada en vigor de la normativa, ha anunciado que recurrirá a los tribunales. A ese recurso -que provocó fuertes críticas en medios médicos- están dispuestos a sumarse la asociación de empresarios de locales de baile y la federación de locales públicos (FIPE), cuyo secretario, Edi Sommariva, subrayó que no quieren hacer de delatores y que boicotearán algunas normas.
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