A raíz de las muertes ocasionadas por la aplicación de inyecciones de hierro adulterado, la industria farmacéutica (nucleada en CAEME, CILFA y Cooperala) solicitó al Congreso Nacional la sanción del proyecto de ley que actualiza y mejora el capítulo de Delitos contra la Salud del Código Penal.
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Los laboratorios asociados a estas cámaras aseguran que esta norma facilitará la acción de la Justicia y evitará la impunidad en la que se mueven los falsificadores de medicamentos.
«Así como la producción y comercialización de medicamentos exige el ejercicio de una responsabilidad legal en cuanto a calidad y pureza de los medicamentos, los responsables de la compra de esos productos (a nivel nacional, provincial y municipal) deben ejercer el control y asegurar que los productos que adquieren respeten las normas de calidad establecida por el propio Estado», advirtieron las asociaciones en un comunicado difundido ayer. A la vez que exhortaron a la Justicia a actuar con la máxima celeridad frente a los hechos delictivos cometidos por la aplicación de hierro adulterado, que han puesto en riesgo la salud pública.
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