El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto para reforzar las sanciones contra las empresas que desarrollen o presten asistencia a actividades económicas no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas.
3 de septiembre 2026 - 21:15
Anuncio por Malvinas: cuáles son las leyes que ya penalizan la explotación hidrocarburífera en las islas
El régimen vigente contempla inhabilitaciones de hasta 20 años, fuertes multas y penas de prisión para quienes realicen o faciliten actividades sin autorización argentina.
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La legislación argentina contempla sanciones administrativas y penales por la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional.
La iniciativa quedó vinculada con el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas cercanas al archipiélago. El desarrollo prevé comenzar a producir en 2028, pese al rechazo del Gobierno argentino.
Sin embargo, la legislación nacional ya contempla un amplio régimen administrativo y penal para quienes exploren o extraigan hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización. Las normas también alcanzan a accionistas, prestadores de servicios y compañías que participen en operaciones financieras, técnicas o logísticas.
Qué establece la Ley 26.659
La Ley 26.659, sancionada en 2011, determina que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina necesitan la autorización de las autoridades nacionales. La prohibición no se limita a las empresas encargadas directamente de extraer los recursos, sino que también comprende a las personas físicas o jurídicas que posean participaciones en esas compañías o les proporcionen servicios.
El texto incluye expresamente las transacciones comerciales, operaciones económicas y financieras, tareas logísticas, asistencia técnica, consultorías y asesorías, tanto pagas como gratuitas.
Quienes incumplan esas disposiciones pueden ser inhabilitados para operar en la Argentina durante un plazo de entre cinco y 20 años. Si cuentan con concesiones hidrocarburíferas dentro del país, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias.
La norma también establece el cese de beneficios impositivos o previsionales y prohíbe que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con las empresas involucradas, sus controladas o sus accionistas.
Las penas de prisión incorporadas en 2013
La Ley 26.915, aprobada en 2013, modificó el régimen e incorporó sanciones penales para las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. Para quienes encarguen o lleven adelante tareas de exploración, la legislación contempla penas de cinco a 10 años de prisión y multas equivalentes al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo WTI.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas se elevan a entre 10 y 15 años de prisión, con multas calculadas sobre el valor de entre 150.000 y 1,5 millones de barriles.
La condena también puede implicar el decomiso de los equipos, los materiales utilizados y los recursos extraídos, además de la extinción de permisos o concesiones otorgados por el Estado.
Cuando los hechos se cometan en beneficio de una empresa, las penas de prisión pueden alcanzar a sus directores, gerentes, administradores, representantes o apoderados que hayan intervenido. Las personas jurídicas, a su vez, pueden recibir multas, la suspensión de sus actividades y la prohibición de participar en licitaciones públicas por hasta 10 años.
Los antecedentes de Rockhopper y Navitas
Las dos compañías que encabezan Sea Lion ya fueron sancionadas administrativamente por la Argentina. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en el país durante 20 años en 2013.
En 2022, la Secretaría de Energía aplicó la misma inhabilitación a Navitas Petroleum por su participación en el proyecto. La compañía israelí fue declarada clandestina y quedó impedida de desarrollar actividades en el territorio argentino durante dos décadas, según informó entonces el Gobierno nacional.
Sea Lion se encuentra unos 220 kilómetros al norte de las islas y es operado por Navitas, que posee el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a Rockhopper. La primera etapa contempla una inversión cercana a los u$s1.800 millones y una producción inicial estimada en 55.000 barriles diarios.
Las críticas de Guillermo Carmona
El exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona cuestionó el anuncio presidencial y sostuvo que las actividades de exploración, explotación, financiamiento y asistencia logística ya se encuentran alcanzadas por las leyes vigentes.
El exfuncionario reclamó que el Gobierno impulse los procesos penales contra los directivos de Navitas y Rockhopper y le exija a Israel que intervenga para lograr el retiro de la compañía de Sea Lion.
Además, propuso que el Congreso avance con restricciones sobre las inversiones provenientes de países que permitan o toleren la participación de sus empresas en actividades consideradas ilegales por la Argentina en las islas.
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