El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, que vigila el cumplimiento de la convención internacional en la materia, adoptada en 1954, emitió este martes críticas a la Argentina por carencias en sus políticas para con las poblaciones indígenas, en particular que no haya un censo que indique las zonas raciales y étnicas en el país.
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El antropólogo británico Patrick Thornberry, uno de los 18 expertos de este Comité y Relator del caso argentino, se mostró sorprendido que no haya todavía una dimensión de la población indígena en Argentina, instando al gobierno a que arroje luz sobre los datos proporcionados por ciertas ONG's, que calculan la población indígena de Argentina entre 900.000 y 2.000.000 de personas.
Varios expertos coincidieron además en que la Argentina no dispone de datos precisos para informar a la ONU sobre refugiados y candidatos al asilo, no obstante haber adherido a la Convención de Naciones Unidas de 1951 que rige ese problema en el mundo, mostrando sorpresa que la Argentina no haya aún promulgado una ley para regular esa situación.
El conjunto del Comité se hizo eco de los reclamos formulados por varias ONG's, las cuales enumeraron las reivindicaciones de las poblaciones indígenas que piden al gobierno argentino una política específica que reglamente los derechos reconocidos, como son el de la posesión y propiedad comunitaria de tierras y el otorgamiento de personería jurídica a tal efecto.
Según los mecanismos de este Comité, las ONG's se reúnen por separado con sus expertos y explican sus exigencias, y luego el Comité las debate con los representantes del gobierno concernido, en deliberaciones abiertas al público y la prensa, tras las cuales el Comité eleva recomendaciones a los gobiernos para mejorar el cumplimiento de la Convención, lo que ocurrirá el próximo viernes.
Entre tanto, el miércoles la delegación del gobierno argentino podrá responder a las inquietudes que se han expresado en este Comité, que en cuanto a poblaciones autóctonas se añade la petición de crear canales de representación de indígenas en cargos públicos, y la adopción de medidas especiales dentro del sistema de seguridad social para garantizar sus necesidades.
Enrique Oteiza, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que depende directamente del presidente Néstor Kirchner, adelantó que falta mucho por hacer en cuanto a poblaciones indígenas, pero resaltó que los derechos humanos son un imperativo del actual gobierno, destacando la nueva ley de inmigración, que abrogó una decretada en épocas del último gobierno militar.
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