17 de agosto 2004 - 00:00
San Isidro reclama una policía propia
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«La política centralista ya fracasó. Esta es una realidad que hay que cambiar y que el gobierno nacional y provincial parece ignorar», le dijo ayer Posse a este diario.
• Reclamo
San Isidro tiene 300 mil habitantes y por su nivel socioeconómico se ha convertido en una de las jurisdicciones más castigadas por los secuestros extorsivos, pese a que gasta 11 millonesde pesos anuales en seguridad.
El 70% de las comisarías, subcomandos, dependencias policiales, además de recursos para los efectivos de las fuerzas de seguridad es aportado por el municipio.
El Estado nacional y provincial está recaudando en ese distrito, entre impuestos directos e indirectos, alrededor de 1.200 millones de pesos.
Estos datos le permiten asegurar al jefe comunal que «San Isidro es el único municipio que está en condiciones de hacerse cargo del traspaso de una fuerza policial».
En cierto modo, el reclamo de Posse es muy similar al que en la Capital Federal realiza Aníbal Ibarra para quedarse con una parte de la Policía Federal.
El intendente de San Isidro no pretende manejar a las fuerzas antisecuestros, sino tener control sobre una «Policía de Seguridad» que se pueda encargar de los delitos menores y de los patrullajes en «zonas calientes» de la ciudad.
Según los datos de la administración bonaerense, en San Isidro hay destinados 1.487 policías, pero los vecinos sostienen que esa cifra «es desorbitante» y que la cantidad de efectivos «puede superar los 700, siendo generosos en los cálculos».
El reclamo de Posse tiene antecedentes:
• En marzo pasado, el peronista platense Julio César Alak también pidió el traspaso de la Policía para su comuna. Sucedió que el ministro Arslanian se lo negó con la excusa de que siendo La Plata la sede del gobierno central bonaerense no era necesario y, además, por volumen de población no le correspondía.
• El municipio Mar del Plata, conducido por Daniel Katz, analizó de manera informal la posibilidad de constituir una Policía Comunal, pero la discusión quedó cerrada cuando salió la «ley Arslanian», donde se establecía con meridiana precisión qué municipios podían tener policía propia y hasta elegir por voto a sus jefes policiales en 2007. Es decir, quedaron marginados de cualquier reclamo.
• Bahía Blanca -que es otro de los inmensos distritos bonaerenses con dos tipos de delitos, el rural y el urbano-eludió entrar en esta discusión y directamente armó un «Gabinete de Seguridad» en el que incorporó al jefe de la Departamental, al jefe de la DDI, al presidente del Concejo Deliberante y a un representante del gobierno de Rodolfo López en el diseño de las políticas de seguridad.
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