16 de diciembre 2009 - 23:58
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Crece la tensión en el acampe piquetero.
"Todos los días se están haciendo operativos de ingreso del programa Argentina Trabaja en las localidades del conurbano bonaerense, jamás fueron interrumpidos. Por eso rechazamos la extorsión que desde el corte están haciendo algunos grupos bajo presión, intentando distorsionar el programa y convertirse en intermediarios del mismo", señaló el Ministerio.
Durante toda la jornada del miércoles, la Policía Federal y la Infantería mantuvo un amplio operativo de seguridad para evitar desbordes y permitir el tránsito en las dos direcciones aunque restringido en una sola mano porque la otra estaba cortada.
En ese sentido, la Policía permitía la circulación en ambas direcciones de la avenida 9 de Julio, aunque se registraban demoras en el paso de vehículos, ya que sólo podían hacerlo por la mano que se dirige hacia el centro porteño.
La movilización se inició en la tarde del martes luego de que el Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con un importante grupo de organizaciones sociales y piqueteras para su ingreso "masivo e inmediato" en el plan de empleo oficial.
Sin embargo, estos movimientos no kirchneristas marcaron distancia y cortaron la circulación sobre la 9 de Julio con carpas y colchones para buscar respuestas desde la cartera que conduce Alicia Kirchner.
La propuesta no llegó y en la tarde del miércoles decidieron permanecer en ese lugar, pese a que la fiscalía en lo penal y contravencional porteña Nº 6 pidió el cese del acampe.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Ángel Carestía solicitó además a los manifestantes la liberación de un carril de la avenida 9 de Julio, aunque lo hizo a modo de "invitación".
En tanto, los voceros consultados aclararon que no hubo ninguna orden de desalojo por parte de la Justicia hacia la Policía Federal, que custodia a los manifestantes.
No obstante, entre las medidas solicitadas por el fiscal Carestía está la de identificar a los dirigentes de la agrupación Barrios de Pie que están realizando el acampe para que llegue al escritorio de la fiscal Silvia Di Napoli, quien tomó el expediente.



