Massa cancela deuda con obras sociales y suma puntos ante CGT

El funcionario cumplió con los desembolsos prometidos por $24 mil millones y la central espera al menos $138 mil millones para este año.

Si algo le faltaba a Sergio Massa para ser ungido como el candidato presidencial favorito de la CGT era cancelar la deuda con las obras sociales. Esta semana el Gobierno le comunicó a la central obrera de la asignación presupuestaria de una partida especial por 6 mil millones de pesos para compensarles a las prestadoras de los gremios sus gastos extra en servicios a discapacitados. Con ese desembolso, el Ejecutivo habrá dado cumplimiento con una demora de más de dos meses de su compromiso de facilitarles a las entidades sindicales de salud una cobertura extraordinaria de $24 mil millones por 2022 mediante aportes no reintegrables del Tesoro nacional.

En el equipo económico y en la CGT confirmaron la progresión de los pagos. Como había informado este diario, Massa le había prometido a la “mesa chica” de la central liquidar los $24 mil millones durante el último cuatrimestre de 2022 mediante cuatro desembolsos iguales de $6 mil millones. En su lugar, el Gobierno giró antes de fin de año sólo dos pagos de $4 mil millones cada uno. Y desde el arranque de 2023 encadenó pagos por $4 mil millones y otro por $6 mil millones, a los que debe sumarse la última asignación por otros $6 mil millones que en lo inmediato terminará de saldar la deuda.

La cancelación de los pagos se produjo en la previa de una reunión todavía no confirmada entre Massa y la CGT. Ese encuentro, previsto desde principios de año, se postergó en un par de ocasiones entre otras razones por el viaje del ministro de Economía a la cumbre del G20 en la India, y coincide con una instancia decisiva en el debate interno del Frente de Todos por la candidatura presidencial del espacio, que tiene a Massa como uno de sus principales animadores pese a que el propio funcionario hizo saber que no está en sus planes postularse este año.

Los recursos distribuidos por el compromiso oficial del año pasado fueron de una partida especial resuelta por el Gobierno para compensarles a las obras sociales la suba exponencial del peso de los servicios de educación y transporte en el costo final del sistema. Como parte de la misma negociación Alberto Fernández se había comprometido a estandarizar esa compensación mediante asignaciones directas de los ministerios de Educación y Transporte, por entender que ese tipo de gastos que se les adjudican a las prestadoras gremiales son ajenos al sistema de salud propiamente dicho.

En la misma línea, el equipo económico incluyó en el Presupuesto 2023 una reserva de fondos que llega a alrededor de $138 mil millones, según el çalculo actualizado de la Superintendencia de Servicios de Salud, para destinarles a las obras sociales por la estimación de gastos que habrá en el rubro discapacidad. Sólo en diciembre el costo en educacíon y transporte para los afiliados discapacitados había ascendido a $15.300 millones. Y si bien ambos ítems bajaron a $5.300 millones en enero, los técnicos del sector explicaron que se trata de una variación estacional por la baja de la demanda de esos servicios durante el verano, pero que en el resto del año la suba será exponencial, en línea con la inlación o incluso por arriba.