A pedido de Unasur, Maduro aceptó diálogo con oposición

Nicolás Maduro

El gobierno de Venezuela aceptó las recomendaciones de la misión de cancilleres de la Unasur para dialogar con la oposición con presencia de una instancia mediadora e investigar las denuncias de violación de derechos humanos con motivo de las protestas cotidianas iniciadas el 6 de febrero pasado, se informó oficialmente.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) "reconoce la apertura y disposición del presidente de la república (de Venezuela, Nicolás Maduro) de acoger las recomendaciones realizadas, y especialmente celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes", afirmó un comunicado del organismo.

La nota agregó que "las reuniones de la comisión" de la Unasur "tendrán continuidad en los próximos días, a través de un grupo de cancilleres".

El texto no confirmó ni negó lo dicho más temprano por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien afirmó que un grupo de tres cancilleres -a los que no identificó- se encargarán de la mediación en el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos.

"El gobierno venezolano anoche aceptó esas condiciones (de la oposición) para iniciar el diálogo y se creó un grupo de tres países que van a dar los últimos retoques para que ese diálogo se dé", dijo Santos en la presentación de un instituto de derechos humanos en Bogotá, consignó la agencia noticiosa EFE.

Antes de que la Unasur divulgara su comunicado, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos que recibirá "personalmente todas las denuncias de presuntas violaciones" en la materia y aclaró que la decisión respondió a una petición expresa de los cancilleres.

Arreaza dijo que el Consejo estará integrado por él y por representantes de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Interior y Justicia y de Asuntos Penitenciarios, entre otros organismos, informaron la agencia AVN y el canal Globovisión.

Asimismo, la misión de cancilleres de la Unasur "ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país", señaló el comunicado.

Durante la visita que realizó a Caracas entre el martes y miércoles, el grupo de cancilleres de la Unasur -integrado por los de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Surinam y Uruguay- conversó con gobernantes, dirigentes y estudiantes del oficialismo y la oposición, empresarios, activistas humanitarios y líderes religiosos.

En tanto, el alcalde chavista del estado Aragua, Tareck El Aissami, acusó al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, de VP, de dirigir "bandas criminales" y promover "guarimbas" (barricadas), y aseguró que tenía "pruebas irrefutables de los actos terroristas" supuestamente cometidos por el intendente.

El caso de Guarate se suma al de los varios alcaldes opositores al chavismo -dos de ellos fueron encarcelados la semana pasada- a los que el gobierno central y sus aliados responsabilizan por los disturbios que dejaron 36 muertos y casi 500 heridos y 2.000 detenidos.

Paralelamente, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, reveló en Twitter que había "solicitado una investigación" sobre el diario El Aragüeño, del que afirmó que "envía mensajes cifrados vinculados a la conspiración y la violencia en sus crucigramas".

A la vez, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad anunciaron que mañana, junto a otras entidades, denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "más de 150" casos de agresiones a periodistas, así como de violaciones del derecho a la libertad de expresión e información ocurridos en los últimos dos meses.

Por otro lado, el Ministerio Público informó que el 19 de marzo fueron detenidas en un hotel de Caracas y recluidas en dependencias del Servicio de Inteligencia (Sebin) 13 personas -cinco venezolanos y ocho ciudadanos de Trinidad y Tobago- sospechadas de terrorismo y asociación ilícita, aunque no aclaró si estos presuntos delitos tienen vinculación con los disturbios registrados en el contexto de las protestas de los últimos 50 días.