Arrecia debate por el plan de Sarkozy contra violadores
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La sección penitenciaria del sindicato Force Ouvrière fue la que denunció la salida de prisión de este peligroso reo. Había cumplido su pena por la violación de un niño, y había afirmado abiertamente, incluso de forma reivindicativa, que estaba dispuesto a recomenzar.
Ante lo sucedido, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció el lunes medidas inmediatas y tajantes. Los procesados por este tipo de delitos sólo podrán optar por la castración química o la cadena perpetua, algo que ha revuelto el patio político en Francia.
El Partido Socialista dijo no entender cómo Sarkozy anuncia sus propuestas sobre los delincuentes sexuales reincidentes, «como si descubriera el tema» cuando ha ejercido responsabilidades desde hace cinco años. En un comunicado, firmado por el diputado Bruno Le Roux, se califica de «aberrante» que se espere al final de la pena de un detenido para tratar al enfermo, y peor todavía que se decida un encierro más allá de la pena cumplida, como ha anunciado el presidente. Para los socialistas, lo importante es poner en marcha «una política de reinserción para cada detenido» y hacerse cargo «de todas las patologías desde la aplicación de la pena».
La también socialista y antigua ministra de Justicia Elisabeth Guigou reclamó la creación de una comisión parlamentaria para tratar la propuesta de Sarkozy. Además, reclamó un gran debate nacional sobre la delincuencia sexual y la reincidencia. Mientras, representantes del Sindicato de la Magistratura se mostraron contrarios a añadir una nueva privación de libertad a la pena ya impuesta por el delito cometido.
Las medidas anunciadas el lunes por Sarkozy han sorprendido también a Gérard Colomb, alcalde de Lyon, ciudad en la que el presidente pretende crear un centro especial para la castración química. Colomb consideró apresurado el anuncio de la apertura en 2009 de un hospital cerrado para pedófilos y reprochó que no haya sido consultado ni con los diputados de la región ni con el cuerpo médico.
Las críticas no se han reducido al ámbito de la oposición. Para el que fuera ministro de Justicia con el anterior gobierno, Pascal Clément, la medida puede plantear problemas constitucionales. Poner en marcha esta iniciativa supondría, señaló, «un riesgo de ruptura de igualdad» entre los que han cometido delitos sexuales y los que han come-tido delitos de otro tipo. Y si se considera el confinamiento en un hospital cerrado como una nueva pena, se estaría ante una norma inconstitucional porque no se puede añadir una pena a otra. Sería distinto si el internamiento psiquiátrico no es considerado como un castigo. «Sin duda es la solución», añade Clément, «pero esto provocará un debate porque verán en ello una solución, entre comillas, de facilidad.»




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