Bolivia: suspenden a gobernador de Tarija y oposición denuncia un golpe

Mario Cossío

La oposición conservadora de Bolivia perdió el control del principal distrito productor de gas natural del país, en un tenso reacomodo de fuerzas políticas que no parecía poner en riesgo las vitales exportaciones del hidrocarburo a la Argentina y Brasil.

El gobernador del departamento sureño de Tarija, Mario Cossío, fue suspendido para que enfrente un juicio por presunta corrupción, y reemplazado horas después por Lino Condori, del gobernante Movimiento al Socialismo.

Cossío, quien había resultado electo en abril, levantó después una huelga de hambre que duró menos de 24 horas y denunció que era víctima de un "golpe" orquestado por el Gobierno izquierdista de Evo Morales, pero éste replicó que la lucha contra la corrupción afectaba tanto a oficialistas como a opositores.

El relevo dejó en manos del oficialismo las gobernaciones de siete de los nueve departamentos, quedando los opositores con el control de sólo los orientales Santa Cruz y Beni.

"Garantizamos la normalidad de todas las operaciones e instituciones", dijo Condori a reporteros en la mañana del jueves, antes de que se confirmara el fracaso de un paro de apoyo a Cossío convocado por el comité cívico del departamento.

Cadenas radiales reportaron que había normalidad en los campos productores de gas y en la red de gasoductos de Tarija, desde donde procede más del 80 por ciento de los aproximadamente 32 millones de metros cúbicos diarios que Bolivia exporta en esta época del año a Argentina y Brasil.

Esos yacimientos están ubicados la provincia Gran Chaco, bastión de un movimiento autonomista regional que se alió con el Gobierno para suspender a Cossío, quien sólo podría recuperar su cargo si es declarado inocente de corrupción.

Tras su ayuno, Cossío "renunció a impulsar cualquier movilización" contra su suspensión y los funcionarios jerárquicos de la gobernación tarijeña renunciaron para dar paso a nuevas autoridades.

La emisora transmitió una declaración del renunciante secretario de Gobierno de Tarija, Edgar Guzmán, en la que éste aseguró que Cossío no renunció al cargo y por el contrario confiaba en retomarlo al término del juicio.

"La historia juzgará a quienes hicieron este golpe de Estado y lo que pedimos es que esta transición sea pacífica, civilizada, que no se genere violencia", dijo Guzmán.

El vicepresidente Alvaro García, en un discurso en una región rural, negó que la caída de Cossío fuese consecuencia de un plan gubernamental para eliminar a la oposición.

"No es responsabilidad del Gobierno, es la ley que dice que una persona que ha cometido un delito o acto de corrupción ya no puede escudarse como autoridad y tiene que defenderse ante la justicia", afirmó García, recordando que el gobernador tarijeño fue acusado por uno de sus mismos funcionarios.

Añadió que actualmente hay unos 500 funcionarios enjuiciados por corrupción, de ellos unos 40 son del partido de Gobierno.

En tanto, varios líderes opositores reaccionaron con palabras airadas pero sin tomar acciones ante la destitución de Cossío.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia, el opositor Luis Núñez, afirmó que "se acabó la democracia en Bolivia, el centralismo propició un golpe de Estado".

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, a quien un juez acusó de un supuesto daño económico al Estado cuando presidía el concejo municipal (2006-10), afirmó que es una "persecución" contra quienes "no piensan igual que el Gobierno".

El gobernador del departamento amazónico de Beni, el también conservador Ernesto Suárez, desafió a Morales a convocar un referendo sobre los mandatos de todas las autoridades electas, ambos incluidos, para que el pueblo decida en las urnas quiénes deben ser relevados o no.

Suárez retó al mandatario a usar ese recurso y que "deje de utilizar argucias" legales como las a que, a su juicio, se emplearon contra Cossío y cinco alcaldes opositores para sacarlos de sus cargos.

"Si realmente es demócrata, debería aceptar este reto", apuntó Suárez, que también afronta denuncias oficialistas que pueden derivar en su suspensión, al igual que el gobernador opositor de Santa Cruz, Rubén Costas.