Brasil: jueces van a huelga contra Lula

Por primera vez en la historia de Brasil, los jueces harán huelga. Así lo decidió ayer una asamblea de magistrados, que cesarán sus actividades a partir del 5 de agosto -en principio, por una semana-, en protesta contra el plan de reforma previsional del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, que afecta privilegios del sector. Se sumarán así al paro de empleados públicos -que entra hoy en su decimotercer día- para obligar a las autoridades a retirar el proyecto del Congreso. La decisión, que involucra a 15.500 jueces estaduales y laborales, puso en evidencia una profunda división entre los magistrados. De hecho, los 1.400 jueces federales acataron una orden del Supremo Tribunal Federal (corte suprema) y sostuvieron en la reunión que una huelga sería inconstitucional, por lo que no participarán de la protesta. La medida provocaba anoche fuertes repercusiones, ya que amenaza con complicar el funcionamiento del Estado y constituye un serio desafío a la autoridad presidencial.

San Pablo (ANSA, O Estado de S. Paulo, DPA) - La Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) decidió ayer la realización de una huelga nacional de al menos una semana a partir del 5 de agosto para protestar por las reformas a la previsión social que impulsa el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y que mantiene paralizada parcialmente a la administración pública desde hace doce días.

La decisión fue tomada por 206 votos a favor y 74 en contra después de cuatro horas de una tensa reunión en la que quedaron evidenciadas posturas fuertemente divergentes a favor y en contra de la huelga.

Según se anunció, el paro -un serio reto al gobierno- será el primero en su tipo en la historia y alcanzará a los jueces estaduales, laborales y militares, quienes retornarán a sus actividades el 13 de agosto, cuando volverán a reunirse para decidir si continúan o no la paralización de actividades.

Horas antes de que se conociera la determinación, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, advirtió que una protesta sería «inconstitucional».

«Yo no creo que los jueces se atrevan a hacer un acto que es inconstitucional. Ellos se pueden manifestar y presentar sus reivindicaciones en cualquier situación», expresó el ministro en una entrevista a la red Globo de televisión. «El gobierno tiene una posición muy clara: no negociamos aquello que es fundamental en la reforma, como el cambio a un nuevo sistema previsional» para los empleados que se incorporen en el futuro al sector público, agregó.

• Acuerdo

El gobierno había acordado con el titular del STF, Maurício Correa, una serie de cambios al plan de reforma, pero modificaciones posteriores alteraron ese pacto y volvieron a disparar la disconformidad de los jueces, que tienen en sus manos bloquear su aplicación mediante la doctrina de los derechosadquiridos. La decisión de los magistrados, que se mostraron fuertemente divididos, fue tomada en un encuentro a puertas cerradas y sin presencia de la prensa por representantes de los 16.900 jueces que hay en todo el país, de los cuales 3.200 trabajan en la Justicia laboral, 12.500 son funcionarios estaduales y 1.200, federales. Los judiciales federales -los más moderados-se habían manifestado a favor de que continúe el lobby en el Congreso con el fin de reducir los alcances de la reforma propuesta por el Ejecutivo y, de hecho, no se plegarán al paro.

La huelga de los empleados públicos contra el plan oficial de reforma previsional de Lula entra hoy en su decimotercer día y, entre otras manifestaciones, está afectando las exportaciones del país -que cayeron 34,38% en la tercera semana de julio con respecto a la segunda.

La Central Unica de Trabajadores (CUT), que también advirtió sobre la posibilidad de sumarse en bloque a la protesta de empleados públicos, continúa la consulta con sus bases tras la reunión del viernes de su líder, Luiz Marinho, con el presidente, a quien que no logró convencer para que modere más la reforma.

• Adhesión

La mitad de los trabajadores estatales adhieren a la huelga de los empleados públicos en todo el país.

El proyecto del gobierno mantiene las prerrogativas de los miembros actuales del Poder Judicial, pero las recorta significativamente para quienes ingresen una vez aprobada la reforma previsional.

Por ejemplo, los futuros empleados del sector público ya no podrán jubilarse con el último sueldo recibido sino que tendrán un tope en sus jubilaciones de 830 dólares.
Además, las jubilaciones de los nuevos empleados públicos ya no se reajustarán de acuerdo con los aumentos de salarios de los estatales en actividad.