El cambio climático pone a prueba el mercado europeo del carbono

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La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo señaló que "estamos entrando en un nivel de precios para el CO2 que hará que las tecnologías libres de carbono sean mucho más rentables".

La ampliación del mercado europeo de carbono, una herramienta pionera en la lucha contra el cambio climático, es severamente cuestionada por los temores a una crisis social en un momento en que los precios de la energía se disparan.

Los países de la UE presentarán ante la COP26 su meta de reducir en un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990.

Para lograrlo, la Comisión Europea espera poder ampliar su actual Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE).

Establecido en 2005, este mercado de carbono cubre actualmente el 40% de las emisiones europeas: productores de electricidad e industrias que utilizan mucha energía (como la metalúrgica, cemento, o productos químicos), y que deben adquirir derechos para contaminar.

La intención entonces es incluir en el RDCE a las empresa de transporte marítimo, y crear un sistema adicional para el transporte carretero y los sistemas de calefacción de edificios residenciales.

Actualmente, las empresas pueden comprar y revender estos derechos en el RCDE, donde el precio por tonelada de CO2 superó recientemente los 60 euros por primera vez, duplicándose en un año.

Esta es la razón por la que el líder húngaro Viktor Orban responsabiliza a la UE en general y este régimen en particular por el aumento en los precios de la electricidad.

"Pero sólo una quinta parte de este aumento es atribuible al mercado del carbono, el resto proviene de la escasez de gas", afirmó ante el Parlamento Europeo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea.

De acuerdo con la UE, el aumento en el precio de los permisos mediante el RCDE permitió a los 27 países del bloque obtener 11.000 millones de euros adicionales entre enero y agosto, que puede utilizar para amortiguar el impacto del alza de la energía sobre los hogares.

Sin embargo, la situación económica parece fragilizar el proyecto, presentado a mediados de julio.

Los proveedores de combustibles y diésel para calefacción deberían comprar derechos de emisión en un segundo mercado de carbono a partir de 2025, pero al riesgo de repasar el costo adicional a los consumidores.

Esto hizo encender de inmediato las luces de alerta, tanto en los países de bloque -que deben administrar la creciente insatisfacción de los consumidores- como en el Parlamento Europeo.

"La creación de un nuevo mercado de carbono genera profundas preocupaciones, porque se corre el riesgo de aumentar los costos para los hogares", advirtió la ministra de Transición Ecológica de Francia, Barbara Pompili.

Por su parte, la ministra española Teresa Riberta alertó que la "especulación ha aumentado" de forma visible en el mercado de carbono.

Entre otras vías, los eurodiputados están considerando extender el RCDE solamente a camiones y bienes raíces comerciales.

Timmermans, en cambio, responde que el espectro de las protestas por el alza de la energía es "utilizado por aquellos que tienen intereses precisos a defender".

Bruselas propone la creación de un fondo social, valorado en unos 70.000 millones de euros durante siete años y alimentado por los ingresos del mercado de carbono para limitar el impacto social.

También quiere someter algunas importaciones "acero, aluminio, cemento, electricidad) a las reglas del RCDE europeo, imponiéndoles "certificados de emisiones" calculados a partir del precio del CO2 en la UE.

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