Brasilia (EFE, ANSA, AFP, diarios locales) - El diputado Roberto Jefferson, que con sus acusaciones contra el partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desató la grave crisis política que vive Brasil, se convirtió en la primera víctima de sus propias denuncias.
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Jefferson, hasta hace poco aliado del gobierno, fue destituido el miércoles a última hora por la Cámara de Diputados por haber acusado al Partido de los Trabajadores (PT) de sobornar a legisladores y de haberse valido de una red de financiación irregular de campañas electorales. Formalmente, la justificación fue que acusó sin presentar pruebas, aunque la mayor parte de sus dichos se terminó confirmando posteriormente. Con todo, Jefferson admitió que su propio partido, el Laborista Brasileño (PTB), se benefició de los fondos ilegales girados por el PT.
Los abogados defensores de Jefferson presentaron ayer un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) para que suspenda la medida. Según uno de ellos, Francisco Barbosa, la destitución ignoró el principio constitucional de la inviolabilidad del mandato parlamentario.
• Sin derechos políticos
De acuerdo con la decisión de la Cámara de Diputados, Jefferson perderá sus derechos políticos durante ocho años.
Aunque no consiguió probar la existencia de los sobornos que atribuyó al PT, Jefferson destapó las cloacas más sucias de la política brasileña y dio las pistas necesarias para investigaciones en el Congreso y por parte de la Justicia.
En su discurso de despedida terminó por culpar a Lula. «Si no es culpable por acción, lo es por omisión», afirmó sobre el escándalo.
Jefferson era un fiel aliado del mandatario, quien decía que tenía tal confianza en el diputado que era una de las pocas personas a las que le daría «un cheque en blanco».
Por otra parte, el ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, acusado de ser el cerebro del esquema de corrupción montado por el PT, se benefició de una medida cautelar del STF que suspende el proceso de anulación de su mandato.
Dirceu había pedido a la Corte beneficiarse con la misma medida cautelar que ésta había otorgado el día anterior a otros seis diputados del PT, también amenazados con la destitución.
El otro foco de la crisis de la Cámara baja, su presidente, Severino Cavalcanti, prometió ayer luchar para defender su mandato, aunque matizó diciendo que su decisión dependerá de sus consultas con aliados, amigos y con su familia.
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