Congreso venezolano aprobó ley para estatizar industrias vinculadas al petróleo

El Parlamento venezolano aprobó una nueva ley que otorga al Estado el control de actividades vinculadas al petróleo que son actualmente ejercidas por empresas contratistas, y que permitirá en la práctica la expropiación de algunas de estas firmas.

Esta ley que "reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos" fue aprobada por mayoría por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

Concretamente, el Estado, vía la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o una filial, pasará a controlar las empresas de inyección de agua, vapor o gas y las que trasladan trabajadores y prestan servicios en la zona del lago de Maracaibo (oeste), explicó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

"Estamos renacionalizando actividades que en el pasado eran propias de la nación y que un momento de la apertura petrolera fueron privatizadas", dijo el responsable.

Cuando la ley se publique en Gaceta Oficial, se especificará exactamente qué empresas pasarán a pertenecer al Estado y se les indemnizará.

La discusión de esta ley provocó críticas de los diputados de oposición a la gestión de PDVSA, ente que según estos parlamentarios, ha acumulado deudas y no puede honrar sus pagos actualmente pese a meses de bonanza petrolera.

Ramírez ya adelantó que la norma aprobada este jueves no afecta a los taladros de perforación, a menudo propiedad de empresas privadas que últimamente han tenido problemas para recibir sus pagos.

Hasta este jueves, la ley de hidrocarburos vigente en Venezuela únicamente reservaba al Estado las actividades de exploración y producción.

"Hay unos sectores conexos que son indispensables para garantizar la producción petrolera en nuestro país. Por ejemplo (en) el Lago de Maracaibo, si no tenemos control de las lanchas y las embarcaciones, no hay manera de que produzcamos petróleo", afirmó Ramírez.

Asimismo, la nueva ley servirá para regular las relaciones entre las empresas y los trabajadores, según el ministro de Energía y Petróleo, ya que miles de empleados pasarán a depender exclusivamente de PDVSA y no de las empresas contratistas, que según el responsable "incumplen" sus compromisos laborales.

En su último balance, que contabiliza hasta septiembre de 2008, PDVSA tenía una deuda de 7.858 millones de dólares con sus proveedores.

Por último, esta ley blindará a Venezuela contra el arbitraje internacional, puesto que uno de sus artículos descarta esta modalidad de resolución de conflictos.

"Las compañías que resulten seleccionadas para ser nacionalizadas, tampoco podrán entablar demandas judiciales en el extranjero, porque la norma establece taxativamente que las controversias serán dilucidadas en forma exclusiva y excluyente por los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela", explicó Rodríguez.

Venezuela, mayor productor petrolero sudamericano, ya instauró en 2007 en la riquísima Faja del Orinoco un sistema de empresas mixtas entre PDVSA y otras firmas, en las que el Estado posee al menos 60% del capital.