Conmoción en Brasil: juez que investigaba el Lava Jato murió en un accidente aéreo

Teori Zavascki, el juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil que llevaba adelante la investigación de corrupción más resonante en la historia de su país murió hoy al caer al mar el avión en el que viajaba cerca de la costa de Rio de Janeiro.

El magistrado llevaba el caso Lava Jato, un expediente que salpica a gran parte de la clase política y empresarial brasileña, en el que se investiga sobornos pagados por empresas constructoras, la principal Odebrecht, a cambio de jugosos contratos con Petrobras y otras empresas del Estado.

La causa es considerada como la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero sus ramificaciones también ha salpicado a varios países de América Latina.

"Queridos amigos, acabamos de recibir la confirmación de que mi padre falleció; muchas gracias a todos por la fuerza", escribió en Twitter Francisco, un hijo del juez, quien confirmó el desenlace minutos después de que se conociera la noticia de la caída del avión.

La avioneta había salido del aeródromo Campo de Marte, en la ciudad de San Pablo, con destino a Paraty, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, y se estrelló en el mar, a dos kilómetros de la pista de aterrizaje, informó la prensa brasileña.

Los socorristas que intervinieron en el caso dijeron que la aeronave, un avión bimotor, llevaba cuatro ocupantes. En el lugar fueron encontrados tres cadáveres y un herido.

Los primeros reportes no incluyeron detalles acerca de qué pudo haber hecho que cayera la avioneta, más allá de los medios de prensa locales que publicaron testimonios de lugareños que aseguran que en la zona se había desatado una fuerte lluvia.

Las autoridades aeronáuticas brasileñas abrieron de inmediato una investigación para determinar de manera fehaciente la causas del siniestro, pero las conclusiones pueden demorar semanas, informó la prensa local.

El Lava Jato, el caso en el que el juez Zavascki trabajaba como instructor desde el Tribunal Supremo, investiga una red de corrupción centrada en la estatal Petrobras, que licitaba grandes obras a favor de empresas de ingeniería y de construcción durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Gran parte de esos negocios, de acuerdo con la investigación, se lubricaron mediante el pago de millonarios sobornos, en un esquema de corrupción que involucra a influyentes políticos y poderosos empresarios.

El pasado 12 de diciembre, Odebrecht, la mayor constructora de Brasil y eje del expediente, aceptó pagar una multa de más de 2.000 millones de dólares a los gobiernos brasileño, de Estados Unidos y Suiza, como reparación por los daños causados en la trama de corrupción que investigan los tres países.

Odebrecht se comprometió, al cabo de larguísimos procesos seguidos en Suiza con el auxilio de Estados Unidos y Brasil, a devolver en concepto de multas 6.959 millones de reales (2.047 millones de dólares).

Además. la petroquímica Braskem, controlada por Odebrecht, asumió el compromiso de reparar los daños con otro monto, superior a los 900 millones de dólares.

Ambas compañías admitieron su responsabilidad en la violación de leyes contra la corrupción vigentes en los tres países y asumieron el compromiso de revelar los detalles de los ilícitos cometidos en Brasil y en el exterior.

Odebrecht pagó y generó sobornos por más de 35 millones de dólares en la Argentina entre 2007 y 2014, según un documento de una corte de Estados Unidos revelado ese día, que menciona a otros 11 países en los cuales se aplicó el mismo modus operandi, por al menos 788 millones de dólares.

Los sobornos para obtener contratos en relación con "más de 100 proyectos" se pagaron en Argentina, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y en el propio Brasil, añade.

En Brasil, el caso salpicó a directivos del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política fundada por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva que gobernó el país durante trece años, hasta la destitución en agosto pasado de Dilma Rousseff, a través de un polémico juicio político independiente de esta investigación.

El ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, está preso desde el año pasado y fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Un total de 77 ejecutivos de la compañía aceptaron presentarse en las causas abiertas en Brasil, aunque al amparo de la figura de la "delación premiada", una condición que les permitió hacer confesiones o acusaciones a cambio de una reducción de sus eventuales condenas.

Esas delaciones, según la prensa brasileña, afectan a media clase política de Brasil, incluido el actual presidente, Michel Temer, quien llegó al poder gracias a la destitución de Rousseff.