Caracas (AFP, DPA) - Tres personas resultaron heridas ayer frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de Caracas, al desatarse la violencia entre grupos adversos y simpatizantes del gobierno mientras los 20 jueces del cuerpo debatían la apertura de juicio contra los jefes militares que protagonizaron el golpe el 12 de abril pasado.
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El TSJ, finalmente, resolvió posponer la apertura de juicio luego de que 12 jueces se abstuvieran y 8 votaran a favor de abrir el proceso por «rebelión militar», tal como lo había propuesto el magistrado Luis Martínez. Ahora, el juez Alejandro Angulo Fontiveros deberá elaborar en un máximo de cinco días hábiles un nuevo proyecto de sentencia.
Dirigentes del opositor Frente Institucional Militar (FIM), de oficiales en retiro, denunciaron en la mañana que fueron agredidos por simpatizantes del presidente Hugo Chávez, quienes se apostaron en el lugar desde el martes, instando a los magistrados a enjuiciar a los ex jefes militares.
La funcionaria Ana Jiménez, de la Defensoría del Pueblo, indicó que los ánimos estaban en ebullición y justificó el lanzamiento de bombas lacrimógenas de efectivos de la uniformada policía metropolitana, que custodian el sector con dos centenares de militares de la guardia nacional.
Los tres lesionados fueron impactados en la cabeza por objetos contundentes arrojados por los manifestantes. La violencia se extendió hasta la vecina avenida Baralt, hasta donde la policía persiguió con dureza a los más exaltados, arrojándoles bombas lacrimógenas y cerrando el acceso por esa vía al TSJ.
El director de la policía metropolitana, Henry Vivas, negó que sus hombres fueran desbordados por los manifestantes, y dijo que él les ordenó cautela para evitar peores disturbios, mientras que el alcalde mayor, el opositor Alfredo Peña, advirtió que «el país puede ir al caos».
También resultaron heridos dos policías frente a la sede de los Círculos Bolivarianos que apoyan a Chávez, y el periodista Ray Avilés, de Venevisión.
• Involucrados
Los cuatro altos oficiales cuyo juicio se pedía por el golpe de Estado de abril son el general de división Efraín Vásquez, ex comandante del ejército; el general de brigada Pedro Pereira, ex jefe del estado mayor unificado de las fuerzas armadas (CUFAN); el vicealmirante Héctor Ramírez Pér ez, ex jefe del estado mayor de la armada, y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta. Vásquez solicitó la renuncia del presidente Chávez en los acontecimientos de abril y, según un dictamen de encarcelamiento presentado por la fiscalía, ordenó arrestar al mandatario, mientras Héctor Ramírez Pérez fue designado ministro de Defensa del efímero gobierno que instaló el empresario Pedro Carmona tras el golpe.
Sectores golpistas habían advertido anteayer: «Yo creo que la democracia está en juego con esa decisión, será histórica y determinará acciones posteriores en el escenario político y militar», indicó el vicealmirante (r) Rafael Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar.
Los jefes militares, contrarrestando versiones en contrario, dijeron que acatarán el fallo aunque les fuere adverso.
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