6 de julio 2010 - 17:55

EEUU interpuso una demanda judicial contra la ley anti-inmigración de Arizona

Un hombre sostiene un cartel con la leyenda Ningún ser humano es ilegal, en una de las tantas marchas en repudio a la ley.
Un hombre sostiene un cartel con la leyenda "Ningún ser humano es ilegal", en una de las tantas marchas en repudio a la ley.
El gobierno estadounidense interpuso una demanda judicial contra la ley migratoria de Arizona ante una corte del distrito de Phoenix, con el objetivo de frenar la entrada en vigor de la controvertida normativa a finales de mes.

La base argumentativa del Departamento de Justicia estadounidense utilizada para solicitar la "suspensión" de la normativa es que la ley federal ostenta una "derecho preferente" sobre la polémica ley SB 1070 y que, por lo tanto, ésta "viola la cláusula de supremacía de la Constitución" del país.

"Aunque los estados pueden ejercer su poder de una manera que tenga un efecto incidental o indirecto en inmigrantes, un estado no puede establecer su propia política migratoria o aplicar leyes estatales de una manera que interfiera con las leyes migratorias federales", agrega el Departamento de Justicia.

Poco antes, y ante la inminencia de la presentación por parte del gobierno, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, había asegurado que realizará una defensa "agresiva" de la ley migratoria aprobada por su estado.

"Vamos a ser muy agresivos en la defensa de nuestra ley", había escrito la gobernadora en su página de Twitter, tras hacerse eco de la decisión del Departamento de Justicia de impugnar la ley ante los tribunales, adelantada por medios estadounidenses.

La ley, que comenzará a regir el 29 de julio, autoriza a los policías estatales y locales a investigar el estado inmigratorio de cualquier persona que sospechen se encuentra ilegalmente en el país, lo que llevó a los críticos a decir que la medida es inconstitucional.

La semana pasada, en su primer gran discurso sobre la inmigración Obama criticó duramente la ley de Arizona, que calificó de "divisiva" y potencialmente discriminatoria.

La norma, aprobada en un estado controlado por republicanos, fue aprobada para intentar frenar el creciente afluente de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México, además de contrarrestar, según especificaron, el tráfico de drogas y otros delitos en la zona.

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