El Vaticano apeló este martes la condena de nueve acusados por delitos financieros y malversación de fondos, entre ellos el cardenal Angelo Becciu. El caso fue llamado el "juicio del siglo" y la nueva decisión desestimó la apelación de fiscales, mientras la defensa de los condenados señaló una serie de decretos firmados por el papa Francisco al comenzar la investigación.
El Vaticano retomó un juicio contra un cardenal por malversación de fondos y apuntaron contra el papa Francisco
Se trata de una apelación a la condena de nueve acusados, por una compra inmobiliaria Londres. Entre los acusados está el cardenal Angelo Becciu y ahora los defensores cuestionan unos decretos firmados por Francisco I.
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Angelo Becciu fue condenado en 2023 por malversación de fondos, junto a otros ocho hombres.
El caso concierne a Becciu y otros ocho acusados, condenados por un puñado de causas financieras en 2023 por la compra de un inmueble en Londres, después de un extenso juicio de dos años. Sin embargo, el alto Tribunal de Casación del Vaticano confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación de los fiscales.
El Vaticano retomó el "juicio del siglo"
El proceso le puso fin a la carrera de Becciu, quien fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y medio de prisión, además de una inhabilitación perpetua para cargos públicos, por malversación de fondos, fraude y abuso de poder en el caso de la compra irregular de un edificio en Londres.
Ahora, la apelación a las condenas significa que los acusados solo pueden esperar una mejora de sus veredictos y sentencias, si es que no se anulan. El mismo día del fallo de Casación, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, renunció abruptamente al caso en lugar de enfrentar una posible destitución, luego de acusaciones en su contra cuestionando su conducta.
Un conjunto de chats de WhatsApp puso en duda la credibilidad de Diddi y todo el juicio, al sugerir una conducta cuestionable de la policía y fiscales del Vaticano y hasta del propio papa Francisco. Abogados defensores argumentaron que las conversaciones mostraban que el jefe de fiscales no era imparcial en su manejo de pruebas y testigos.
No obstante, si Casación hubiera fallado en contra de Diddi por encontrar que su rol era incompatible, el caso hubiera sido anulado. El tribunal de apelaciones dictaminó que su rol como fiscal era válido, incluso si posteriormente se recusó.
El juicio original, por una propiedad en Londres
El caso original se abrió en 2021 tras una inversión del Vaticano de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que intermediarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede por millones en honorarios y comisiones para adquirir la propiedad y luego la extorsionaron por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la misma.
Todos los acusados mantuvieron su inocencia y apelaron. Lo mismo hicieron los fiscales, ya que el tribunal desestimó su teoría general de una gran conspiración para defraudar a la Santa Sede y en su lugar condenó a los acusados por un puñado de cargos serios pero secundarios.
Diddi vio a las apelaciones como una oportunidad para procesar de nuevo su caso inicial. Al apelar, adjuntó su solicitud original de condenas pero el tribunal lo desestimó con el argumento de que carecía de la "especificidad" requerida por la ley en una moción de apelación.
El rol del papa Francisco
Las apelaciones ahora derivan de otros argumentos de la defensa, con foco en el rol de Francisco I. Los defensores de los acusados argumentaron que sus clientes no podían recibir un juicio justo si el Papa ejercía el poder legislativo, ejecutivo y judicial supremo, algo que Francisco usó durante la investigación.
El caso es que Francisco firmó cuatro decretos ejecutivos secretos en 2019 y 2020, durante los primeros días de la investigación, que otorgaron a los fiscales del Vaticano amplios poderes, incluida la posibilidad de realizar escuchas telefónicas sin restricción y el derecho a desviarse de las leyes existentes.
Los decretos solo salieron a la luz justo antes del juicio y nunca se publicaron oficialmente. Académicos sostienen que el secreto de las leyes y su naturaleza ad hoc violaron un principio básico del derecho a un juicio justo que requiere la "igualdad de armas" entre la defensa y la acusación.
En este caso, la defensa desconocía los nuevos poderes de investigación de la fiscalía e incluso funcionarios legales del Vaticano admitieron en privado que el hecho de que Francisco no publicara los decretos fue profundamente problemático.
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