Madrid (EFE, ANSA) - El gobierno español abrió el debate sobre el aborto en España, tras la detención de varios facultativos por su relación con la práctica en clínicas privadas de supuestos abortos a mujeres en avanzado estado de gestación, considerados ilegales en el país.
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En una conversación informal con periodistas, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó ayer que no busca una reforma de la ley, sino abrir una reflexión en torno a la evolución del aborto en España.
Zapatero consideró necesario que se estudie por qué creció tanto el número de abortos en los últimos años, ver si hay fallas en la prevención y analizar el uso del supuesto de «riesgo para la salud física y psíquica de la madre» que recoge la ley española para practicar el aborto, ya que para algunos expertos en ocasiones se recurre a él de forma fraudulenta.
Actualmente, el Código Penal vigente (1995) admite el aborto en tres supuestos: si hay riesgo para la salud de la mujer, si hay presunción de malformaciones físicas o psíquicas del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación.
El debate llegó ayer al Congreso español donde el grupo parlamentario IU-ICV, una coalición de partidos de izquierda, presentó una moción que instaba al gobierno a modificar la ley del aborto en la próxima legislatura y a realizar las reformas «oportunas» del Código Penal para evolucionar hacia un sistema que establezca los supuestos del aborto «por plazos» de gestación. La moción, que finalmente fue rechazada, avivó las voces tanto de los que piden un cambio aperturista en la legislación como de los que solicitan una modificación más restrictiva de la ley.
Horas antes del debate, en un intento por alcanzar el consenso, el gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó una enmienda de sustitución en la que instaba al gobierno a abordar «con el máximo consenso» las reformas legales pertinentes para « mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», que IU-ICV no aceptó.
La diputada socialista Pilar López explicó que su grupo no podía aceptar la moción de IU-ICV «sin antes abrir un debate social en profundidad». El conservador Partido Popular (PP) y el de los nacionalistas catalanes moderados CiU se manifestaron en contra de cualquier posibilidad de introducir cambios en la vigente Ley del aborto, mientras que el partido independentista catalán (ERC) se mostró a favor de este extremo, aunque siempre que sea fruto del consenso.
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