La Paz (EFE, ASN) - La riqueza del gas llevó las mayores inversiones extranjeras a Bolivia, pero encendió la mayor ola de protestas de los últimos años.
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Las inversiones, que el año pasado sumaron 210 millones de dólares, menos de un tercio de los más de 680 millones de 1998, permitieron a Bolivia multiplicar por diez sus reservas de gas, desde 5 billones a 52 billones de pies cúbicos (141.863 millones a 1,47 billón de metros cúbicos).
Ello convirtió a esta nación en la segunda con mayores reservas de gas natural en Sudamérica, después de Venezuela, que posee el triple, y abrió la posibilidad de convertir a Bolivia en el surtidor energético del Cono Sur, donde ya vende gas a Brasil y la Argentina.
El gas es el principal producto de exportación de Bolivia, donde operan trasnacionales como la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras y las británicas British Gas y British Petroleum. El año pasado le supuso ventas por 795 millones de dólares, cuando el total de las exportaciones fue de 2.159 millones de dólares, un récord histórico desde la década del '90.
• Proyecciones
La Argentina compra a Bolivia 4 millones de metros cúbicos diarios, que subirán este año hasta los 6,5 millones, mientras Brasil adquiere un promedio diario de 21 millones.
Las posibilidades de crecimiento pueden multiplicarse si Bolivia concreta sus proyectos para elevar las ventas del fluido a la Argentina, nación que necesitará 20 millones de metros cúbicos diarios de gas a partir de 2007, y a Brasil, que, según sus autoridades, pretende situar sus compras en 70 millones de metros cúbicos. Pero estos proyectos de expansión y crecimiento han estado sujetos a la nueva ley de hidrocarburos que se discute en Bolivia desde diciembre pasado. Hoy, el país tiene un Producto Bruto Interno (PBI) de apenas 8.000 millones de dólares y unas reservas de gas valoradas, a precios actuales de mercado, en aproximadamente 50.000 millones de dólares.
La propuesta oficial de ley de hidrocarburos busca mantener una regalía fija de 18% y crear un nuevo impuesto de hasta 32% para las empresas grandes, mientras que los sindicatos y la oposición de izquierda piden elevar la regalía directamente a 50% para todas las compañías, grandes o pequeñas. Esto último, anticipan expertos, sometería al país a multimillonarios juicios de las petroleras por incumplimiento de contrato.
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