La justicia de EEUU declaró ilegal la eliminación de las protecciones migratorias para venezolanos

Un tribunal federal consideró ilegal la decisión del Gobierno de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos, aunque el fallo no tendrá efectos inmediatos.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la Casa Blanca actuó fuera de la ley al eliminar las protecciones migratorias para venezolanos.

CNN

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la Casa Blanca actuó de manera ilegal al eliminar las protecciones migratorias que permitían a cientos de miles de venezolanos vivir y trabajar en el país, al concluir que la secretaria de Seguridad Nacional excedió las facultades que le otorga la ley.

La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que ratificó un fallo previo de un tribunal inferior. Allí se estableció que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, el fallo no tendrá efectos prácticos inmediatos. En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que la eliminación del TPS avanzara mientras se resuelve la cuestión de fondo, por lo que las protecciones continúan suspendidas a la espera de una definición final.

Aunque la Justicia declaró ilegal la medida, la decisión no tendrá efectos inmediatos por una resolución previa de la Corte Suprema.

La medida también alcanzó a migrantes haitianos

Los magistrados del Noveno Circuito confirmaron además que Noem también excedió su autoridad al finalizar anticipadamente las protecciones otorgadas a cientos de miles de migrantes haitianos. En paralelo, se aguarda que un juez federal en Washington se expida sobre un pedido para pausar la eliminación del TPS para Haití, cuya vigencia estaba prevista hasta el 3 de febrero.

Qué dijo la Corte sobre la ley de TPS

Los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone señalaron que la legislación aprobada por el Congreso no habilita al secretario de Seguridad Nacional a anular una designación de TPS que ya se encuentra vigente. Los tres magistrados fueron nominados por presidentes demócratas.

Aunque la Justicia declaró ilegal la medida, la decisión no tendrá efectos inmediatos por una resolución previa de la Corte Suprema.

“La ley contiene numerosas salvaguardas procesales que aseguran que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante períodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen”, escribió Wardlaw, designada por el expresidente Bill Clinton.

Según la jueza, las “acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas” para los venezolanos y haitianos que dependen de este estatus migratorio.

Cuál es el impacto de la eliminación del TPS

“El expediente está lleno de ejemplos de miembros de la sociedad trabajadores y contribuyentes (que son madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales) que han sido deportados o detenidos después de perder su TPS”, agregó Wardlaw.

El TPS, creado por la Ley de Inmigración de 1990, permite otorgar estatus legal temporal a personas que huyen de conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Las protecciones se conceden por períodos de seis, 12 o 18 meses, con posibilidad de prórroga, y habilitan a trabajar, aunque no otorgan un camino hacia la ciudadanía.

El fallo cuestionó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus que permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Al justificar la eliminación del programa, Noem sostuvo que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado y que no resultaba conveniente para el interés nacional mantener a los migrantes bajo un esquema pensado como temporal.

No obstante, millones de venezolanos continúan huyendo de la inestabilidad política, el desempleo masivo y la escasez de alimentos en un país atravesado por años de hiperinflación, corrupción y mala gestión económica. Haití, en tanto, fue incorporado al TPS en 2010 tras un terremoto devastador y hoy enfrenta una crisis marcada por el hambre y la violencia de pandillas.

Señalamientos por discriminación

En un voto separado, el juez Salvador Mendoza Jr. afirmó que existía “amplia evidencia de animosidad racial y de origen nacional”, lo que reforzaba la conclusión de que las decisiones de Noem estaban “predeterminadas”.

“Está claro que las medidas de la secretaria no estaban realmente fundamentadas en consideraciones de política significativas o diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS del gobierno anterior, sino que estaban enraizadas en un diagnóstico estereotipado de los migrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o mentalmente inestables”, sostuvo Mendoza.

Desde el Gobierno, los abogados argumentaron que la secretaria cuenta con una autoridad amplia para decidir sobre el TPS y que sus resoluciones no están sujetas a revisión judicial. También negaron que las medidas hayan tenido motivaciones raciales.