La violencia amenaza otra vez a Bolivia

La Paz (AFP, EFE, DPA) - El fracaso del diálogo entre el presidente Evo Morales y cuatro prefectos (gobernadores) rebeldes traslada al Congreso la crisis política boliviana, en medio de un clima de intimidación impuesto por movimientos sociales oficialistas, que quieren que el proyecto de Constitución socialista se apruebe a toda costa.

El presidente y los cuatro prefectos autonomistas cerraron el domingo cuatro semanas de conversaciones, en un vano intento de zanjar una crisis política que tuvo su punto más álgido el mes pasado, cuando disturbios en cinco de los nueve departamentos bolivianos dejaron 19 muertos.

Roto el diálogo con las autoridades regionales, el Ejecutivo dirigeahora su estrategia hacia el Congreso en busca de que esa institución apruebe un referendo -que el gobierno busca con urgencia- para ratificar una Constitución aprobada sin consenso ni debate en diciembre pasado, razón por la cual la oposición la considera ilegítima. El debate ahora «se traslada al escenario congresal», afirmó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Romero, uno de los encargados por el Poder Ejecutivo para negociar con los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni). Estos dejaron claro que el proyecto de Constitución demanda consensos con la oposición, pero el gobierno insiste en que no hay discusión, en particular sobre el punto de la reelección presidencial, que permitiría a Morales permanecer en el poder hasta 2019.

Objetivos

Tras el revés de las negociaciones, el oficialismo se ha fijado tres metas: la aprobación de la ley de convocatoria a referendo este mes, la realización de dicho referendo (probablemente en febrero) y el llamado anticipado de elecciones generales en julio de 2009. Según los opositores, Evo Morales está «desesperado» por llamar cuanto antes a elecciones para eternizarse en el poder.

Mientras, a modo de supuesta concesión, el gobierno dijo que buscará que el Congreso incorpore más adelante el tema de las autonomíasregionales al texto constitucional, afirmando que la enmiendarecogerá los avances registrados en el fallido diálogo de pacificación nacional.

La ley para el llamado al referendo constitucional debe efectuarseen el Congreso bicameral, donde el oficialismo controla la Cámarade Diputados (de 130 escaños), mientras que la oposición tiene el mando del Senado (de 27 bancas). Para despejar las trabas políticas que los opositores ya anunciaron que ejercerán en la Cámara alta, los movimientos sociales amenazaron ayer con movilizarse contra el Congreso.

Según dijeron varios dirigentes, el asedio al Poder Legislativo comenzará con una marcha el próximo lunes desde Caracollo, una comarca andina ubicada a 200 kilómetros al sur de La Paz, para concluir una semana después en la Plaza de Armas, sede del Parlamento.

«Estarán unos 3.000 mineros cooperativistas, además de campesinos, indígenas y gremiales (vendedores al menudeo)», dijo el líder sindical e influyente dirigente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Fidel Surco.